Unos 80.000 inmigrantes se podrían regularizar gracias al arraigo laboral

Entre 80.000 y 100.000 inmigrantes que residen en Andalucía se podría beneficiar de la propuesta del Gobierno para regularizar a aquellos que acrediten un "arraigo laboral", según las estimaciones de varias organizaciones. Sin embargo, la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, considera "poco riguroso" y "precipitado" dar cifras de extranjeros sin papeles. Naranjo cree que la iniciativa gubernamental ayudará a aflorar "el fraude".

Las cifras sobre inmigrantes sin papeles siempre son estimativas e imposibles de contrastar. Con todo, algunas organizaciones sociales y sindicales calculan que entre 80.000 y 100.000 extranjeros que residen en Andalucía podrían beneficiarse de una regularización por arraigo laboral como la anunciada por la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí. Sólo en Almería, según la memoria de Almería Acoge de 2003, se estima que residen entre 25.000 y 30.000 extranjeros indocumentados, aunque la organización Asaja eleva la cifra a 50.000.

En el cálculo regional coinciden al menos el secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, y el secretario de Migraciones de UGT en Andalucía, Khalid Zaidi El Younzi. Khamal Rahmouni, presidente regional de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), rebaja un poco la horquilla y estima que beneficiaría a entre 50.000 y 80.000 personas.

La consejera de Gobernación, sin embargo, elude "hablar de números porque no sería riguroso". Evangelina Naranjo aplaude la propuesta del Gobierno para poner en marcha una especie de regularización por arraigo laboral. "Coincide con lo que la Junta había propuesto", señaló. "Va a ser importante para Andalucía, para regular el mercado laboral, y hará posible que aflore el fraude", añadió.

Naranjo también recordó que han solicitado a la Administración central que aumente el número de inspectores laborales en Andalucía para "reforzar el control en lugares con mayor mano de obra inmigrante". Ésta es una de las peticiones de Khalid Zaidi, de UGT, quien señala que "muchos inmigrantes son regulares, pero trabajan sin estar dados de alta en la Seguridad Social".

La propuesta del Gobierno suscita la aprobación general, aún con matices, entre organizaciones sociales, sindicatos y empresarios. Tanto el presidente de Freshuelva, José Manuel Romero, como el presidente de Asaja en Andalucía, Ricardo Serra, están a favor de la misma. "A nosotros nos perjudica la bolsa de irregulares; queremos que quienes vengan a Huelva lo hagan con papeles", sostiene Romero. "No es razonable vivir de espaldas a la realidad y la realidad es que muchos están aquí ilegalmente hace tiempo", comenta Serra. "En determinados momentos de campaña, los empresarios encuentran dificultades para encontrar mano de obra", sostiene. El dirigente de Asaja asegura que comprende el "temor" de que suscite un "efecto llamada". "Pero es verdad que hay gente que lleva aquí dos años sin regularizar", añade.

Distinto es el parecer del presidente de Asaja en Almería, Francisco Vargas, que considera que el Gobierno tiene que "garantizar al empresario que ofrezca un empleo que va a quedar cubierto durante su tiempo de duración" y asegura que los empresarios almerienses están "recelosos ante el anuncio de que un inmigrante que denuncie a un empleador por tenerlo trabajando sin papeles podrá conseguirlos". A su juicio, Rumí está contribuyendo "a que haya un conflicto social, porque aquí puede pasar de todo".