Sin papeles con trabajo

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha anunciado diversas medidas tendentes a poner remedio (provisional) a la situación creada por la presencia de cientos de miles de trabajadores extranjeros sin papeles. Esa situación había sido denunciada por todos los sectores implicados, e instituciones como el Consejo Económico y Social (CES) habían sugerido medidas correctoras. Que las soluciones sean imperfectas o susceptibles de crear otros problemas no impide aceptar que la peor de las salidas era la de no hacer nada y dejar que la situación siguiera deteriorándose.

La propuesta consiste en facilitar permisos de residencia a los inmigrantes que acrediten una relación laboral "fehaciente". Es un intento de romper el círculo vicioso de personas que no tienen papeles por carecer de trabajo legal, y no consiguen un trabajo legal por carecer de papeles. Para ello se pide la colaboración de los empleadores: no serán multados los que se muestren dispuestos a regularizar la situación de los trabajadores irregularmente contratados. La secretaria de Estado ha adelantado los mecanismos para plasmar el proyecto de la mejor manera posible, en colaboración con los ayuntamientos y la Seguridad Social, a fin de intentar evitar posibles abusos y fraudes.

Ya se verá si esos mecanismos son o no suficientes. De momento, el PP ha criticado la propuesta por considerar que supone una nueva regularización encubierta y generalizada que provocará el "efecto llamada"; que favorecerá la aceptación por los irregulares de cualquier contrato, por abusivo que sea; que tal vez la alternativa a la economía sumergida que se pretende aflorar sea el paro; que no resuelve el problema de fondo porque cuando finalice el contrato los inmigrantes sin empleo no aceptarán volver a su país. Seguramente esas dificultades, y otras, son reales. Sólo que la apuesta del anterior Gobierno por rehusar cualquier otra vía de inmigración legal que el contrato previo en origen no ha impedido que el número de inmigrantes irregulares aumentase hasta cerca del millón de personas, según algunas estimaciones. Es evidente que había que dar una salida legal a tantas personas con vinculación laboral pero sin permiso de residencia. Por supuesto que habrá problemas, sobre algunos de los cuales alertaron ayer los sindicatos. Pero no se resolverán si, en nombre de lo deseable, se deja de actuar sobre lo real.