Rumí dice que se darán papeles a los extranjeros con contrato que el PP dejó en la ilegalidad

"Hay que vincular la inmigración con el mercado laboral". Esta frase constituirá una máxima prioritaria en la nueva política del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretende regularizar a los inmigrantes que entraron de forma clandestina en España durante la etapa del PP, siempre que demuestren que han mantenido una relación laboral fehaciente. Y no sólo eso, asegura Consuelo Rumí, "sino que también regularizaremos a los extranjeros que denuncien a los empresarios que se aprovechan de la situación de desamparo de los trabajadores sin papeles".

Con esta medida el Ejecutivo socialista persigue un triple objetivo: "Atender un problema heredado", facilitar la integración de los inmigrantes a través de su incorporación al mercado laboral y que aflore toda la economía sumergida, que se nutre en gran parte de trabajadores sin papeles. No tarda un segundo en asegurar que "esto no significa que se vaya a dar papeles a todos los extranjeros, que quede bien claro", sino que se trata de solventar una situación puntual y muy delimitada.

El objetivo, indica Rumí, es dar una respuesta a quienes han sufrido "esa mala gestión", que son las personas que han entrado durante los últimos cuatro años, y que el Gobierno del PP ni expulsó, ni regularizó. Pero siempre que acrediten esa relación laboral fehaciente. Cuando oye la expresión efecto llamada, Rumí se estira un poco y se lanza: "El verdadero efecto llamada es la situación que existía hasta ahora, que los inmigrantes venían porque sabían que podían trabajar sin contrato". "Nosotros vamos a hacer que afloren esas bolsas de fraude", indica.

Precisamente, la regularización de inmigrantes ha sido uno de los puntos de polémica en la última semana. El principal partido de la oposición, el PP, ha acusado al Gobierno de aplicar sistemáticamente el silencio administrativo para la renovación de permisos de residencia y de trabajo. Rumí no entiende las críticas "por acabar con el atasco burocrático en las oficinas de inmigración", con 400.000 permisos de residencia y de trabajo que estaban pendientes. "Hemos revisado 100.000 expedientes, fundamentalmente los de aquellos que habían entrado o estaba a punto de entrar en una situación de irregularidad sobrevenida" Y remacha: "No creo que el PP pueda critica el silencio administrativo cuando el anterior Gobierno aplicó este sistema a más de 300.000 expedientes".

En noviembre, el Gobierno tendrá que determinar el cupo de trabajadores extranjeros necesarios para 2005 porque, asegura Rumí, "la llegada de inmigrantes debe estar marcada por las necesidades del mercado laboral". Tampoco en este punto el Ejecutivo socialista aprueba el trabajo de los populares. "Los convenios no se han desarrollado. Nosotros vamos estudiar todo un plan de convenios sobre todo con los países de los que llega una mayor presión migratoria para que el mensaje llegue a esos países. Venir de forma clandestina no es la solución". Está prevista una revisión de los convenios con Marruecos, Ecuador y Rumania, y se estudiarán las peticiones de países como Perú o México. Para ordenar el flujo de inmigrantes que llegan buscando una oportunidad de trabajo, Rumí indica que también tiene mucha confianza en la puesta en marcha, en otoño, de los visados de búsqueda de trabajo, con una validez de tres meses.