El Gobierno pondrá en marcha en septiembre un plan de integración social de los inmigrantes

Otoño caliente para la inmigración. A partir de septiembre, cuando comience el nuevo curso político, el Gobierno desplegará una batería de iniciativas para crear "la primera política integral" en materia de inmigración. Sin embargo, el punto de partida de todas las medidas, que persiguen una integración real de los extranjeros en España, será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se decidirán las partidas destinadas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del que depende la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; y las de Interior, ministerio encargado de los asuntos de seguridad relacionados con la inmigración.

"El 23% de los clandestinos que entran en Europa acceden por España"

"El anterior Gobierno sólo se dedicó al control de frontera, y lo hizo mal"

Otoño caliente para la inmigración. A partir de septiembre, cuando comience el nuevo curso político, el Gobierno desplegará una batería de iniciativas para crear "la primera política integral" en materia de inmigración. Sin embargo, el punto de partida de todas las medidas, que persiguen una integración real de los extranjeros en España, será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se decidirán las partidas destinadas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del que depende la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; y las de Interior, ministerio encargado de los asuntos de seguridad relacionados con la inmigración. Aunque faltan por definir esas partidas, los proyectos están claros y el diseño está ya avanzado. Lo explica la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, como a ella le gusta: papel y bolígrafo en mano. Hace esquemas que permiten imaginarla en sus tiempos de maestra. A Almería, su tierra natal, y donde ha trasladado su despacho durante una semana, se ha llevado lo que será el primer gran reto de su departamento: el reglamento de la Ley de Extranjería, que comenzará a tramitarse en septiembre, y estará listo en otoño, "con una diferencia sobre el que tenía previsto el Gobierno del PP: que se ha redactado con el consenso de las partes implicadas. Será lo primero que hagamos y marca una diferencia importante: es el punto de partida de una verdadera política integral de inmigración".

Porque en su opinión, el anterior Gobierno sólo se dedicó al control de fronteras, sin preocuparse de las derivadas de la entrada de inmigrantes clandestinos en España. "Encima, ese control se hizo mal, ya que durante la última legislatura se multiplicó por cuatro la entrada de inmigrantes irregulares". El objetivo es cambiar radicalmente el enfoque y desplegar una verdadera política de inmigración "porque hasta ahora no ha existido". La tarea, reconoce, no será sencilla, pero se buscará un equilibrio entre el refuerzo de los controles de entrada de extranjeros a España, con una política "seria" de expulsiones y la ordenación de los flujos de inmigrantes, "que son necesarios" para el desarrollo de la economía, "pero que tienen que llegar de forma legal".

Ese empeño del Ejecutivo, incluye la extensión del Sistema de Vigilancia Exterior a toda la costa andaluza y a Fuerteventura a mediados de 2005, "porque ha dado buenos resultados y ha permitido detectar casi todas las embarcaciones" que intentan acceder a la zona del Estrecho.

Pero el Gobierno es consciente de que la política de inmigración es un asunto que hay que abordar de forma conjunta con los socios de la Unión Europea. Por eso España pondrá sobre la mesa en el próximo consejo de ministros de Justicia de Interior, que se celebrará en septiembre, la necesidad de que se dediquen más fondos para reforzar las fronteras y agilizar las expulsiones. Rumí asegura que España ya está liderando la política de inmigración, "porque no hay que olvidar que el 23% de los inmigrantes clandestinos que entran en Europa acceden por España". Por eso se reclamarán medidas concretas, que incluyen también el apoyo a los países de donde proceden más inmigrantes. "Es un tema que tiene que entrar con toda seriedad en la agenda europea", indica.

La integración será la gran estrella del otoño. El Gobierno tiene diseñado un plan de integración sociolaboral basado en una inmigración que llegue de forma legal y ordenada. Para ello se revitalizarán los convenios con los países de origen, se pondrán en marcha visados de búsqueda de empleo de tres meses, y se primará a los nacionales de los países que ejercen mayor presión migratoria. De forma que se vincule la inmigración con el mercado de trabajo, como paso fundamental para la integración en la sociedad. Además, se trabajará desde todos los ámbitos: ayuda humanitaria, prevención del racismo, educación, sanidad y reagrupación familiar.

No sólo los inmigrantes serán objeto de atención: la secretaria de Estado quiere que en otoño los municipios que soportan mayor presión migratoria puedan recibir ayudas que garanticen que sus servicios sociales no sufran un deterioro. "Estamos realizando ahora un mapa de los lugares más necesitados y los mayores esfuerzos habrá que hacerlos en Cataluña, Andalucía y Madrid". Las aportaciones para esa bolsa común de solidaridad se repartirán entre las tres Administraciones.

En el horizonte político también se perfila un Pacto de Estado de Inmigración. Aunque todos los partidos e interlocutores sociales consideran que éste es necesario y urgente, el escollo que intentará salvar el Gobierno son las reticencias del PP, que aún no ha respondido a la oferta del Gobierno. "Hay que evitar que la inmigración se convierta en objeto de confrontación. Todos tenemos que caminar en la misma dirección", asegura Rumí, que espera que en septiembre el PP acepte formar parte del acuerdo.

También están previstos cambios legales, pero a más largo plazo, como la reforma de la Ley de Extranjería, que tendrá que ser revisada a mediados de 2005 para adaptarse a las directivas europeas. Y el cambio del artículo 89 del Código Penal, para que los inmigrantes cumplan sus penas antes de ser expulsados. La secretaria de Estado considera que la repatriación automática de extranjeros con penas inferiores a seis años sin pasar por la cárcel es discriminatoria, e insiste en que todos los delincuentes deben cumplir sus condenas, y si son inmigrantes, "después expulsarlos. Pero que cumplan sus penas". La saturación de las cárceles, asegura, no tiene que suponer un problema: "De aquí a que se haga la reforma, Instituciones Penitenciarias tiene tiempo para plantearse cómo asumir más reclusos".

Lo que no prevé el Gobierno, de ninguna manera, es traspasar las competencias de inmigración, tal como han reclamado algunas comunidades. "La Constitución deja muy claro que son competencias exclusivas del Estado". Lo que sí haremos, adelanta Rumí, "es potenciar una cooperación, que hasta ahora no ha existido, con los Gobiernos autonómicos para que participen en ciertas áreas.