El Gobierno perdonará a los empresarios que regularicen a extranjeros 'sin papeles'

El Gobierno espera que sean los empresarios quienes colaboren activamente en el proceso de regularización de los inmigrantes que el anterior Gobierno ni expulsó ni normalizó. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, adelantó ayer que dará papeles a todos los extranjeros que demuestren "una relación laboral fehaciente", con el objetivo de solucionar su situación y para que aflore toda la economía sumergida. Para ello, los empresarios que estén dispuestos a colaborar, y que hayan empleado de forma irregular a extranjeros, no serán penalizados.

Aunque la fórmula no está todavía totalmente definida, Consuelo Rumí adelantó ayer a este periódico que el Gobierno comprobará el tiempo de estancia de los inmigrantes irregulares a través de su inscripción en el padrón municipal: "No haremos como en la anterior regularización que realizó el Gobierno, para la que era suficiente presentar una factura de luz y de teléfono. Sabemos que la mayoría de los inmigrantes irregulares están inscritos en el padrón municipal y ése será el instrumento para saber cuánto tiempo llevan en nuestro país".

En segundo lugar, el Gobierno pondrá en marcha un sistema de altas provisionales en la Seguridad Social. Ése será el primer paso para la regularización. "Cuando el empresario haya dado de alta al trabajador, podrá formalizar el contrato, y posteriormente se hará efectivo el alta en la Seguridad Social". Una vez concluido este proceso por parte del empleador o empresario, el inmigrante pasará a ser regular y tendrá un permiso de residencia y de trabajo por el tiempo que dure el contrato. El Gobierno contará para realizar todo el proceso con los ayuntamientos, que deberán informar sobre la buena integración del inmigrante en la comunidad en la que vive.

Todas esta medidas serán puestas en marcha con la entrada en vigor del reglamento de la ley de Extranjería, que comenzará a tramitarse en septiembre y estará aprobado en otoño. La Secretaría de Estado espera que los empresarios colaboren activamente, "porque han sufrido un colapso y una paralización durante los años del PP en el Gobierno, ya que la Administración no les daba respuesta a sus necesidades de trabajadores".

No habrá sanciones

Por ello, se garantizará que no habrá multas para aquellos empresarios que reconozcan que han utilizado mano de obra procedente de la inmigración irregular. "Evidentemente no habrá sanciones para ellos. Si queremos que colaboren no podemos penalizarlos con las sanciones que les corresponderían", indica Rumí, que quiere dejar bien claro que todas estas medidas afectarán únicamente a los inmigrantes que llevan tiempo en España, "pero en ningún caso" servirán para situaciones que se produzcan posteriormente. "Que nadie piense en vender contratos, ni en aprovecharse de estas medidas para otros fines, porque estaremos vigilantes", advierte.

La secretaria de Estado asegura que es muy difícil hacer un cálculo de a cuántas personas en situación irregular puede afectar esta medida. "Se irá viendo a medida que los empresarios hagan sus solicitudes y se formalicen los contratos. Esperamos contar con su complicidad", asegura.

En una segunda fase, cuando se haya regularizado a estos inmigrantes, el Gobierno tiene previsto endurecer las inspecciones de trabajo y las penas para las empresas o particulares que empleen a personas en situación irregular, y se pondrán en marcha "medidas para que los extranjeros puedan denunciar a quienes incumplan la ley en este sentido". A los sin papeles que adviertan sobre estas prácticas se les dará la oportunidad de volver a sus países sin penalización, con la opción de entrar en los cupos de contratación en origen; o permanecer en España con un permiso de búsqueda de empleo temporal.

El Ejecutivo también está barajando la posibilidad de otorgar permisos de residencia temporal por el procedimiento de reagrupación familiar, circunstancias excepcionales o colaboración con la justicia.

En otoño, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende poner en marcha otras medidas, que configuran "un ambicioso plan de integración" de los extranjeros en España. Su prioridad será, tras la aprobación del reglamento de la Ley de Extranjería, convencer al PP de la necesidad de firmar un pacto de Estado de Inmigración, "para que este tema no se utilice como arma política" y se sienten las bases de "la primera política integral de integración, que hasta ahora no ha existido en este país".

Al mismo tiempo, se determinará el cupo de inmigrantes para 2005, poniendo, declara Rumí, "el acento en aquellos países que ejercen una mayor presión migratoria". El Gobierno quiere duplicar el cupo correspondiente a Marruecos y fijar un contingente flexible, "que se pueda ampliar a lo largo del año si es necesario".

De esta forma, se persigue que los inmigrantes sepan que hay formas de llegar legalmente a España, "que no tienen que venir en patera o con visados de turistas, y que serán acogidos con todos los derechos", señala Rumí. El Gobierno también tiene prevista la puesta en marcha de visados de tres meses de duración para búsqueda de empleo.

Rumí se propone comparecer a petición propia en el Congreso, en septiembre, cuando comience el curso político, para explicar estas medidas y realizar un balance de la llegada de pateras a las costas españolas durante el verano. Hasta el 17 de agosto, 8.079 sin papeles fueron detenidos tras arribar a España en estas embarcaciones, 500 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Pero la llegada de pateras a las costas españolas continúa sin tregua. Un total de 113 marroquíes fueron interceptados este fin de semana en diferentes playas de Granada, hasta donde las lanchas se están desplazando para intentar evitar el control del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). Otros 137 extranjeros fueron detenidos cuando intentaban alcanzar las costas de Cádiz, Málaga y Almería.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el teniente general Félix Sanz Roldán, declaró ayer a Efe que la Armada precisará de la autorización del Gobierno para interceptar barcos con inmigrantes que se dirijan hacia España. "Las cuestiones de inmigración no son de las Fuerzas Armadas. Nunca será su misión luchar contra el tráfico ilegal de personas, sino que apoyará si el Gobierno lo decide, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Ese posible apoyo se decidirá "caso por caso".