Las grúas de Cataluña se sumarán a la huelga a partir del día 25

Los conductores de grúas de Cataluña seguirán los pasos de sus compañeros vascos. Los miembros de la Asociación Catalana de Asistencia en Carretera (ASCA) decidieron ayer, en asamblea celebrada en Martorell, sumarse al paro a partir del próximo miércoles, día 25, para que las aseguradoras aumenten las tarifas por cada servicio en carretera realizado. Por otra parte, el paro en el País Vasco prosigue y el Ejército está preparado para retirar 40 coches al día de las carreteras.

Filemón Galarza, secretario técnico de la Confederación Española de Empresas de Asistencia en Carreteras (CEPAS), organización en la que está integrada ASCA, explicó a este periódico que las aseguradoras "no han modificado en 10 años las pólizas", con lo que "los costes de explotación superan ya las tarifas". ASCA agrupa casi 90 empresas, lo que supone el 80% del sector en Cataluña, que realizan entre 1.500 y 2.000 servicios diarios.

Por su parte, si la propuesta de la subdelegación del Gobierno en Vizcaya prospera, las carreteras vascas serán el escenario de una fotografía histórica: soldados del Ejército retirando los vehículos abandonados mientras agentes de la Ertzaintza dirigen la operación. El conflicto que enfrenta a los empresarios de grúas y las aseguradoras vivirá hoy un día crucial: si las partes no llegan a un acuerdo durante la reunión prevista en Madrid, el paro de Euskadi se extenderá a otras cinco comunidades.

El Ejército ya ha hecho sus cálculos: sería capaz de retirar entre 30 y 40 vehículos al día. Según la subdelegación del Gobierno, esto permitiría quitar en 10 días los 400 coches que más estorban en las carreteras de Vizcaya. Eso sí, todo depende ahora de dos cuestiones. La primera es que la Abogacía del Estado otorgue el visto bueno a la iniciativa de Miguel Ángel Fernández, subdelegado del Gobierno en Vizcaya, quien considera que el abandono de los coches es un riesgo para el tráfico y una tentación para los ladrones. La segunda cuestión pendiente es que el Gobierno vasco acepte participar en la operación. Al respecto, el delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma, dejó claro ayer que será el Ejecutivo de Ibarretxe el que diga la última palabra.

El departamento vasco de Interior -de quien depende la Ertzaintza- guarda silencio. Los únicos que sí tienen clara su postura son los empresarios de las grúas. Joaquín Herrero, el presidente de Abeac -la asociación vasca de empresas de auxilio en carretera-, considera "fatal e increíble" la participación del Ejército, así como "una intromisión del Gobierno central en el País Vasco".

El conflicto, que ya supera las tres semanas, ha reventado en los últimos días. Algunos coches abandonados -cuya cifra podría estar acercándose a 4.000- están siendo saqueados por pandillas de delincuentes.