El Gobierno rechaza que su órgano consultivo dictamine sobre las reformas estatutarias

El Gobierno no quiere que la Comisión Jurídica Asesora, el máximo órgano consultivo vasco, cuyo futuro estatus se terminará de debatir en ponencia en el Parlamento tras las vacaciones, tenga entre sus competencias dictaminar sobre la legalidad de las propuestas de reforma estatutaria. Éste es uno de los principales escollos que está encontrando la negociación del proyecto de ley con la oposición, además de los que atañen al nombramiento de los miembros de la comisión y de su presidente y vicepresidente.

El proyecto de ley no incluye entre las competencias del órgano asesor las propuestas de reforma estatutaria, entre las que se incluiría el plan Ibarretxe, en contra de lo que sucede en los consejos consultivos de otras comunidades. También reserva al Gobierno el nombramiento de sus componentes, diez en total, mientras que la oposición quiere que sea el Parlamento, por una mayoría de dos tercios, el que elija a los miembros de este órgano. En otras autonomías este organismo tiene la forma de un consejo consultivo externo a los ejecutivos, como ocurre con el Consejo de Estado en el ámbito nacional. En cambio, el Gobierno vasco prefiere articularlo a través de sus propios servicios jurídicos.

La ponencia que estudia el proyecto de ley que regulará la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que se consolidará como el órgano consultivo superior de la comunidad autónoma, no pudo terminar su trabajo en el periodo de sesiones cerrado el pasado mes de junio con un acuerdo entre el Gobierno y los grupos de la oposición, que desean para ella una menor dependencia del Ejecutivo.

La comisión, creada en 1999, tiene como misión informar antes de la aprobación de cualquier norma con rango o fuerza de ley y, en concreto, todos los anteproyectos y las disposiciones que desarrollen normativas estatales o reglamentos y directivas de la UE.El objeto de la intervención de la Comisión Jurídica Asesora, a través de sus dictámenes previos, es que la actuación administrativa se ajuste a la ley y al Derecho velando por que las normas que se sometan a su análisis se acomoden al ordenamiento jurídico. El proyecto de ley convierte a ese órgano asesor, que hasta el momento lo era sólo del Ejecutivo, en Comisión Asesora de Euskadi, con lo que también los ayuntamientos entrarán en su ámbito de actuación. Ésta es otra de las razones en las que los grupos de la oposición apoyan su demanda de independencia absoluta respecto de la Administración General de la comunidad, como garantía de neutralidad en su actuación frente a otras instituciones que deberán recurrir a ella.

Los grupos parlamentarios acordaron proseguir las discusiones el próximo mes de septiembre, pero el acercamiento no parece probable tampoco entonces. El Partido Popular cuestiona de raíz el planteamiento de la comisión, mientras que los socialistas se mantienen en una postura intermedia entre el actual contenido del proyecto de ley y la posición de los populares.

Independencia

El proyecto propone que todos los miembros de la comisión sean designados por el Gobierno de entre los letrados de sus propios servicios jurídicos y que el presidente, con voto de calidad, y el vicepresidente sigan siendo, como sucede ahora, el secretario general de Régimen Jurídico y el director de Desarrollo Normativo, ambos dependientes de la Vicelehendakaritza.

El PP, por su parte, quiere que todos los miembros de la comisión sean designados por el Parlamento entre letrados de las distintas administraciones -en la actualidad todos sus componentes son abogados de la Administración General- así como entre juristas de reconocido prestigio que no provengan de las administraciones públicas.

En una posición intermedia, los socialistas aceptan que el Ejecutivo designe a la mitad de los componentes de la comisión, mientras que el nombramiento de la otra mitad quedaría en manos del Parlamento. El PSE reclama, al igual que los populares, que el órgano consultivo se abra a los letrados de todas las administraciones y a juristas externos a ellas de reconocido prestigio. Ambos grupos coinciden en reclamar que el presidente y el vicepresidente los elijan los propios integrantes de la comisión de entre sus miembros.

El Gobierno, por el contrario, considera que, pese a ello y a estar integrada en la Secretaría General de Régimen Jurídico, la comisión no se integra en la estructura jerárquica y que ello le confiere una independencia orgánica y funcional y la deja a salvo de las acciones de mando, dirección e influencia de la Administración. Su carácter colegiado es, a juicio del Ejecutivo, una garantía más de objetividad. Ni socialistas ni populares están de acuerdo con esas argumentaciones.

A juicio de Antón Damborenea, ponente del PP, la composición de la comisión, tal y como la plantea el actual proyecto de ley, no garantiza unas mínimas condiciones de independencia en su trabajo. "Es evidente la carencia de independencia. Si uno es funcionario del Gobierno y es su jefe en la Administración quien le nombra para ir a la Comisión Jurídica Asesora, al final será también su jefe en ésta". Damborenea vislumbra pocas posibilidades de entendimiento con el tripartito y reclama un órgano independiente "como lo es en todas las comunidades autónomas". Esa necesidad resulta aún más evidente, a su juicio, porque a partir de la aprobación del proyecto de ley, en su ámbito de actuación entrarán también los ayuntamientos. "¿Qué garantía van a tener éstos en una situación de conflicto con el Gobierno si la comisión a la que deben acudir está nombrada por éste?", argumenta. Damborenea reclama el mismo procedimiento que para la configuración del Tribunal Vasco de Cuentas.

En opinión de Joana Madrigal, representante socialista en la ponencia, el hecho de que el secretario general de Régimen Jurídico y el director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, ambos altos cargos de la Vicepresidencia del Gobierno, sean miembros natos de la comisión y su presidente y vicepresidente, respectivamente, plantea dudas sobre su neutralidad.