Cataluña pone cerco a la fuga de empresas
El Ejecutivo catalán obligará a devolver las ayudas a las compañías que se deslocalicen
La deslocalización es un grave problema macro -para el tejido industrial- y micro, para cada una de las personas que pierde su empleo cuando la empresa se marcha a otro lado. Pero el colmo es que la empresa en cuestión haya obtenido ayudas públicas millonarias y se marche a otro país aunque gane dinero. A ese perfil responden algunas de las multinacionales que se instalaron en Cataluña en la década de los 90. Samsung llegó a Palau Solità i Plegamans (Barcelona) en 1993 con dos regalos bajo el brazo: subvenciones (a la postre, 3,5 millones de euros) y suelo a muy bajo precio, suministrado por el Gobierno catalán. El pelotazo le salió redondo. El grupo coreano anunció el pasado enero el cierre de la fábrica, pese a que ganaba dinero. En fin, un caso típico de deslocalización que difícilmente volverá a repetirse, al menos en lo relativo a las ayudas: el conseller de Economía y Finanzas, Joan Castells, ha anunciado ya una nueva normativa que obligará a las empresas que reciban fondos públicos a devolverlos en el caso de que, en un plazo de siete años, cesen su actividad en Cataluña.
La aeronáutica concentra los mayores esfuerzos de la Generalitat, con la creación de una agencia de inversiones para atraer empresas
La medida se alinea con una norma aprobada por la Comisión Europea para que los fondos y ayudas comunitarias sean de ida y vuelta si las empresas que las reciben se instalan en otro país. El plazo límite es el mismo: siete años. Junto con Samsung, los casos de Lear, Valeo, Philips, Panasonic y tantos otros han convertido a Cataluña en la comunidad más castigada en términos de pérdida de empleo industrial en los últimos años. Para revertir esta situación, el Ejecutivo catalán pone en marcha medidas antideslocalización, pero también un plan de choque con el punto de mira puesto en el extremo opuesto, la atracción de sedes.
En la práctica, la Generalitat otorgará ayudas a las empresas que innoven por valor de 24,2 millones de euros en lo que resta de año. El Ejecutivo catalán persigue un cambio en el modelo productivo, dirigido a orientar el tejido productivo hacia sectores de alto valor añadido: el aeroespacial, el farmacéutico, el agroalimentario de segunda generación y la producción de maquinaria tecnológicamente avanzada. Eso sí, sin dar la espalda a actividades ya maduras pero no obsoletas y que siguen teniendo un gran peso específico en el tejido empresarial catalán, como la automoción, el textil y la electrónica de consumo.
El sector aeronáutico es el que concentra mayores esfuerzos, con la creación de una agencia de inversiones -con oficinas en EE UU, Alemania y Japón- para atraer empresas. La agencia realizará compras institucionales para contribuir al crecimiento de un sector que cuenta ya con unas 80 compañías. La Generalitat quiere aprovechar también la base empresarial en el sector farmacéutico, el marco regulador de las energías renovables y la pujanza del sector agroalimentario catalán para apuntalar la ofensiva en busca de sedes y de filiales que operen desde Cataluña para todo el sur de Europa. "Se trata de cambiar el signo de una situación muy marcada por la fuga de multinacionales en los útlimos meses y de modernizar los sectores más castigados", resume Joan Josep Berbel, responsable de localización de empresas del departamento de Industria.
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