De hecho, sin derechos

Aunque la legislación estatal sigue sin reconocerlas, las parejas de hecho empiezan a existir al menos en las cifras oficiales. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha facilitado el dato de que hay 563.723 parejas de ese tipo, 6 de cada 100. También se han contabilizado las uniones de personas del mismo sexo que han querido revelar su relación de pareja a los encuestadores del censo (10.474). Esta última cifra es inferior a la real, según los expertos.

Más de un millón de personas han optado por convivir sin pasar por el altar o el juzgado. Sin embargo, esta opción, libre para las parejas heterosexuales, las condena a una discriminación automática: carecen de los derechos concedidos a los matrimonios (pensiones, herencia, entre otros). Pese a ser una forma de convivencia en auge, el PP se negó reiteradamente a reconocerlas: argumentaba que eso implicaría admitir las uniones homosexuales. En su afán por defender el matrimonio convencional, llegó a negar la pensión a las compañeras de los militares muertos en el accidente del Yak-42. La discriminación llegó hasta la ley de familias numerosas, que excluyó de los beneficios a las parejas de hecho con tres o más hijos. Y eso en un país donde 2 de cada 10 niños nacen de madre no casada.

El Gobierno socialista está dispuesto a enmendar ese error. Ha anunciado una ley estatal de parejas de hecho -existen varias autonómicas que confieren derechos distintos en función del territorio-, aunque el primer paso será la legalización del matrimonio homosexual. La futura normativa regulará también la disolución de las uniones de facto, ahora en un limbo jurídico (se aplica por analogía la norma sobre divorcio sólo cuando existen hijos). Las reformas anunciadas cuentan con amplio respaldo social. Dos de cada tres españoles aprueban los matrimonios homosexuales y las tres cuartas partes creen que las uniones estables deben tener los mismos derechos que los matrimonios, según una reciente encuesta del CIS.

Los ciudadanos son libres para elegir su forma de convivencia y el Estado debe respetarla. Cuando el modelo de familia experimenta grandes cambios carece de sentido reconocer sólo la existencia (y por tanto los derechos) del modelo tradicional, por más que sea el mayoritario. Las familias lo son, casadas o no. Y más de un millón de personas aguardan la equiparación de derechos que hasta ahora sólo confiere la boda.