Recibe el alta el último herido ingresado en un hospital público
Todos los heridos en los atentados del 11-M que permanecían en hospitales públicos están ya en sus casas. El lunes abandonó el hospital madrileño Gregorio Marañón la última persona que estaba allí ingresada a consecuencia de las heridas causadas por las bombas colocadas en los trenes de cercanías de Madrid. Es un joven de 24 años. En total han sido 1.570 las personas que han recibido el alta médica en la red sanitaria pública, según una nota oficial del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, fuentes de una asociación de afectados por la matanza del 11-M aseguran que queda una joven de 26 años ingresada en estado grave en una clínica privada del municipio madrileño de Majadahonda.
Los atentados terroristas causaron la muerte de 191 personas y heridas a 2.062 que han sido tratadas en centros hospitalarios públicos y privados. Según la misma fuente, se han practicado 160 intervenciones quirúrgicas.
Un mes después de los atentados permanecían ingresadas 46 personas; a los dos meses, 18, y a los tres meses, nueve. En los últimos días de julio y el comienzo de agosto se produjeron las últimas altas. El domingo dejó el Doce de Octubre el último allí ingresado y horas antes abandonó el Hospital Central de la Defensa el paciente que quedaba.
Plan de salud mental
La Consejería de Sanidad y Consumo madrileña elaboró también un plan de salud mental para "minimizar, en la medida de lo posible, el impacto del desastre" y al que se han destinado tres millones de euros. Según la información oficial del Gobierno regional, los servicios de Salud Mental han atendido, hasta ahora, a más de 2.700 personas, en unas 9.400 consultas. Las funciones de asistencia se han encomendado a 35 psiquiatras y 15 psicólogos y se ha creado una unidad específica de apoyo a profesionales que participaron en las labores de rescate y atención a las víctimas y a sus familiares y allegados.
Se trata de colectivos profesionales como trabajadores sanitarios, psicólogos, forenses, bomberos, trabajadores de transportes públicos -trenes autobuses, taxis-, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal de empresas privadas de seguridad, trabajadores sociales, personal de servicios de mantenimiento, periodistas y otros colectivos implicados en labores de rescate y atención a las víctimas. La información oficial destaca que este plan de salud mental ha contemplado específicamente a "dos grupos especialmente vulnerables": niños y adolescentes, y ancianos con alteraciones psicológicas.
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