Solbes propone un pacto de Estado para la financiación de la Sanidad

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, es partidario de alcanzar un pacto de Estado que asegure la financiación de la sanidad. El acuerdo -similar al de Toledo sobre pensiones- es "imprescindible", y pasa por dar "posibilidades de actuar" a las comunidades autónomas. Se trata de "uno de los grandes retos del futuro", ha declarado Solbes a Europa Press. El criterio de la modificación sería que cada uno pague en función de sus ingresos. Un jubilado con una pensión alta no tiene por qué pagar menos que un activo que no gane tanto, dijo Solbes.

El futuro de la financiación sanitaria, que supone más del 20% de los presupuestos autonómicos, es un debate abierto desde que el anterior Gobierno completara los traspasos a las comunidades en enero de 2002. Ha sido uno de los argumentos de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP para abandonar la reunión del Consejo Interterritorial, y una de las quejas que la actual ministra de Sanidad, Elena Salgado, más ha escuchado desde que ocupa el cargo.

Más de una quinta parte del gasto sanitario lo representa la factura pública en medicamentos, que el pasado mes de junio superó los 807 millones de euros con un crecimiento del 10,04% sobre junio de 2003. En una entrevista concedida a Europa Press, Solbes afirmó que este aumento hace "absolutamente imprescindible" que exista "un debate y una cooperación con las comunidades autónomas".

El vicepresidente segundo del Gobierno está "en plena disposición a hablar" sobre "cualquier hipotético sistema" de financiación que las comunidades propongan, siempre que no deje a nadie sin atención, afirmó una portavoz del departamento. En línea con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Solbes se mostró incluso abierto a que, si las comunidades lo proponen, se modifique el actual sistema de contribución de los usuarios.

Esta modificación del actual sistema de copago debería tener como "elemento diferencial" los ingresos, y no la categoría laboral. "El hecho de que una persona esté jubilada, si tiene unos ingresos muy altos, no le excluye de tener que pagar impuestos. Por lo menos, no tiene que pagar menos que alguien que tiene un sueldo inferior por el hecho de estar activo", ha dicho. Actualmente la atención es gratuita para todos salvo el 40% de los medicamentos que pagan los trabajadores en activo, el 10% de los crónicos y el 30% de los afilados a mutuas de funcionarios.

Acuerdo con ciudadanos

Por su parte la ministra de Sanidad coincidió con Solbes en la necesidad de llegar a un acuerdo en el que además de las administraciones se incluyan profesionales, industria, farmacéuticos y ciudadanos, dijo a Europa Press.

En cambio, Salgado no está de acuerdo con modificar el copago. Preguntada por este periódico en mayo pasado si pensaba introducir algún cambio, contestó rotunda: "Desde luego, no".

La ministra destacó la "especial sensibilidad" de Solbes hacia los problemas sanitarios, aunque no vaya a poder demostrarla "en 2004, y es probable que ni hasta los presupuestos de 2005". Con ese medio plazo en perspectiva, Salgado afirmó que "podría contemplarse" subir los impuestos del tabaco, alcohol e hidrocarburos, ya que "lo razonable" para un sistema como el español, que obtiene sus fondos mediante impuestos, es que "esa mayor financiación venga también de mayores impuestos, en el ejercicio de una mayor corresponsabilidad fiscal de las administraciones territoriales".

El gravamen del litro de gasolina para sostener la sanidad ya se aplica en Madrid (1,7 céntimos de euro por litro desde julio de 2002); Asturias (2 céntimos desde el 1 de enero de este año); Galicia (2,4 céntimos también desde enero, de los que se destina el 70% a Sanidad y el resto a Medio Ambiente) y, desde el pasado domingo, en Cataluña (2,4 céntimos por litro).

En cambio, Salgado rechazó otra de las propuestas del Ejecutivo catalán para enjugar el déficit de la sanidad: el cobro de una tasa de un euro por cada visita "innecesaria" al médico o a los servicios de urgencias. Este sistema sólo funciona " a corto plazo", afirmó. "Un euro por consulta se asimila por el sistema con una absoluta rapidez y sólo frena la asistencia al médico de las personas más necesitadas", añadió.