Pantalla en rojo

La televisión pública española ha demostrado sobradamente su capacidad para generar un déficit cuantioso y una deuda que ya se antoja inabarcable. Para alimentar el desastre financiero del llamado Ente Público se han confabulado factores tan corrosivos como la tendencia al despilfarro de la televisión, la reticencia de los gestores a aplicar medidas económicas duras para cortar el crecimiento exponencial de puestos de trabajo y la irresistible tendencia de los Gobiernos a utilizar en su propio beneficio un medio tan poderoso.

Las dos legislaturas del PP han acentuado estos rasgos hasta límites grotescos. En su línea de proyectar hacia el futuro los problemas del presente, permitió una política de endeudamiento con aval del Estado que ha fabricado ya más de 7.000 millones de euros en números rojos, y además maquilló convenientemente las cifras del grupo, sobrevalorando la previsión de ventas de derechos deportivos, de forma que, una vez corregido el maquillaje, las pérdidas de este año llegarán a los 757 millones de euros, un 21% más de lo previsto. Tal es, en síntesis, el oscuro panorama financiero de la televisión pública española reflejado por el secretario general de RTVE, Jaime Gaiteiro.

Que esta televisión es una ruina es público y notorio. Pero, una vez expuesta la decisión política del Gobierno de reformar la televisión pública para garantizar su independencia y su viabilidad económica, aparecen preguntas inevitables. Una preliminar es el alcance de las recomendaciones de la Comisión de Sabios, formada a instancias de Rodríguez Zapatero. No está claro cuál será el alcance de esas recomendaciones, es decir, si llegarán al detalle de articular fórmulas empresariales o se quedarán en sugerencias de contenidos, apreciaciones éticas y criterios de independencia profesional.

Todas las opciones deben ser analizadas y calculadas, incluyendo la privatización total o parcial del grupo público. Tal operación no podría llevarse a cabo con probabilidades de éxito sin que el Estado asumiese previamente la deuda del grupo y sin una reducción notable de los costes laborales. Por lo cual, sus costes implícitos -incluidos los políticos- serían considerables. Pero, además de decidir sobre el tamaño de la televisión pública, el Gobierno deberá, si quiere consumar por fin el cambio de modelo, asegurar un procedimiento estable de financiación que evite la reproducción del déficit. El modelo de canon -cantidad añadida que se paga al comprar un televisor- implantado en países como Reino Unido o Alemania ha resultado eficaz, y ha contribuido a alejar de la televisión pública el recurso inmoderado al mercado publicitario. Fórmulas existen; es cuestión de coraje para explicarlas y decisión política para aplicarlas.