Francia declara la guerra a la obesidad infantil y juvenil

Francia ha seguido los pasos de EE UU y se ha lanzado a la lucha contra la obesidad infantil y juvenil. El Parlamento francés aprobó ayer una batería de medidas para frenar el sobrepeso en esta población, entre ellas destaca una norma que prohíbe máquinas distribuidoras de bebidas y golosinas en institutos y colegios. Uno de cada 10 franceses de 10 años de edad es obeso. La norma duplica también las tasas que gravan los refrescos que se venden como mezcla de alcohol y cola o alcohol y zumo de frutas.

En la actualidad las máquinas expendedoras de bebidas y golosinas dependen para su instalación de la autorización del director del centro. En toda Francia hay unas 8.000 en funcionamiento (en el 20% de los colegios y en el 50% de los institutos). "Somos el chivo expiatorio de la situación, los senadores y diputados nos sacrifican para comprarse barata una buena conciencia", dijo el presidente de la asociación de ventas y servicios automatizados.

Lo cierto es que la ley no considera la posibilidad de que esas máquinas distribuidoras pudiesen utilizarse para expender bebidas sin azúcar ni alcohol o comestibles con poca grasa, menos azúcar y aún menos sal. "La verdad es que el aspecto físico de los alumnos traduce hoy de manera dramática el determinismo social" constataba el director de un instituto al admitir que "los mejores alumnos son los mejor alimentados, los que llevan una higiene razonable y los que en su casa tienen un mayor nivel cultural y económico".

Sólo los diputados de la actual mayoría conservadora votaron a favor de la ley, que cosechó el voto contrario de socialistas, comunistas y centristas, disgustados por una enmienda de última hora que tiene en cuenta las demandas de los industriales de la alimentación. La enmienda obliga a quienes fabrican golosinas y bebidas azucaradas a hacer constar en sus envoltorios y en todos sus mensajes publicitarios que el producto puede ser pernicioso para la salud del consumidor. El mensaje tendrá que ser aprobado, en cada caso, por las autoridades sanitarias. Si el industrial no quiere poner ese mensaje de advertencia de carácter casi disuasorio, entonces tendrá que abonar al Estado una tasa equivalente al 1,5% de sus gastos publicitarios.

En el proyecto de ley que gozaba del visto bueno de todos los partidos ese porcentaje era de un 5%. "El dinero obtenido por esa tasa, que debiera estar entre los 12 y 15 millones de euros", dijo el ministro de Sanidad, "se destinará al Instituto Nacional de Prevención y de Educación para la Salud".

Desde que el precio de los cigarrillos ha aumentado en Francia del orden de un 80% en el plazo de dos años, las ventas han bajado más de un 20% pero el consumo parece haber retrocedido sólo entre un 5% y un 7%, optando pues los franceses por aprovisionarse de tabaco en los países vecinos.