El Gobierno ofrece un 3,2% de alza salarial a los funcionarios

El Gobierno piensa aplicar un aumento salarial del 3,2% a los empleados públicos en 2005, y así se lo comunicó ayer a los sindicatos representativos de la función pública. Se trata de un alza superior a la inflación prevista (2%), pero inferior a la propuesta defendida inicialmente por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el 3,5%, que ha sido rebajada por el Ministerio de Economía por razones presupuestarias.

El Ejecutivo ha planteado un incremento salarial para los 2,5 millones de empleados de las distintas administraciones territoriales que incluye la previsión oficial de inflación para 2005, el 2%, más el 0,5% de la masa salarial bruta de la Administración General del Estado para dotar el fondo de pensiones, y un 0,7% adicional para elevar las pagas extraordinarias, que pasarían así de representar el 40% actual de la nómina mensual de los empleados públicos al 60%.

La propuesta fue presentada ayer por Administraciones Públicas a los representantes sindicales. El ministro Jordi Sevilla explicó que existen "márgenes escasos" para una posible variación de esa oferta retributiva, que será debatida en septiembre con "otro tipo de mejoras en la carrera profesional de los funcionarios y en formación".

La cantidad finalmente comunicada a los sindicatos, con un alza global del 3,2%, es inferior a la que defendía Administraciones Públicas (3,5%), y que se ha visto rebajada por el Ministerio de Economía debido a razones presupuestarias. Según Sevilla, el Presupuesto General del Estado para 2005 no es boyante y hay restricciones de gasto como consecuencia del "déficit que está aflorando y que no estaba previsto".

Sevilla también se reunió con los representantes de las comunidades autónomas, a los que les explicó que esta oferta se enmarca dentro de la elaboración de un Presupuesto en el que se tiene que contar con ese déficit imprevisto.

Encargo a los expertos

Por su parte el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, ha encargado a la Comisión de Expertos del diálogo social que analice la evolución del mercado de trabajo en España desde 1992 hasta 2003, centrándose en la elevada temporalidad en el empleo, las distintas modalidades de contratación o la protección por desempleo. Así consta en el mandato formulado por Gobierno, empresarios y sindicatos, y que fue entregado ayer a la Comisión de Expertos, compuesta por los catedráticos Jesús Cruz Villalón, Federico Durán, Juan Francisco Jimeno, Miguel Angel Olalla, Santos Ruesga, Carmen Sáez Lara, Luis Toharia y Fernando Valdés.

Según este mandato, la Comisión de Expertos analizará la situación global del mercado laboral y evaluará las políticas aplicadas en los últimos años, sus efectos, fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta que ha evolucionado de manera "globalmente positiva" desde 1992. No obstante, añade, "la elevada temporalidad del mercado de trabajo español contrasta con la situación de los países de nuestro entorno". Igualmente, deberá abordar el impacto de las nuevas formas de organización empresarial del trabajo (subcontratación, empresas de servicios y trabajo autónomo).