El Gobierno prepara para febrero el referéndum sobre la Constitución europea

Una única pregunta muy sencilla y directa será el objeto del referéndum de ratificación de la Constitución europea, que el Gobierno prepara para comienzos de año, preferentemente para febrero. Fuentes diplomáticas confirmaron ayer estos detalles, al término de la primera gira americana del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que ha aprovechado el viaje para sondear el tema, por encargo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los representantes de todos los grupos parlamentarios que le han acompañado en la gira.

La consulta es interpretada como un primer contacto con el Parlamento sobre este tema y su resultado ha sido positivo, por lo que se refiere a las características y fechas del referéndum. La posición final de cada partido sobre el sentido del voto no es unánime, y requerirá precisiones ulteriores. El acuerdo definitivo de la convocatoria habrá de ser formalizado en una reunión del Gobierno y los partidos que se convocará en septiembre.

Entretanto, se apunta ya un consenso básico sobre que el texto de la pregunta sea algo de un tenor tan simple y asequible para el votante como: "¿Aprueba usted el Tratado por el que se instituye una Constitución para la UE?".

En cuanto a la fecha, Zapatero hubiera querido convocar la consulta con la mayor celeridad, y a poder ser en el mes de noviembre. El propio Moratinos advirtió el 19 de junio, al día siguiente de la aprobación de la Constitución en Bruselas, de que el referéndum se celebraría "cuanto antes", y el presidente repitió esa idea ante el Parlamento, tres días más tarde. Pero los problemas técnicos, en especial los relacionados con la financiación del referéndum, son imposibles de solventar a tan corto plazo.

La vigente Ley de Referéndum, de 1979, no prevé, en efecto, más publicidad que la institucional, de modo que los partidos políticos no tienen la posibilidad de ser reembolsados por los gastos que realicen en sus respectivas campañas. De esa situación se derivaron graves problemas para el PSOE con ocasión del referéndum de la OTAN, en 1986, y de ahí que el Gobierno considere la posibilidad de reformar la ley citada, a fin de dar entrada en ella a las campañas de los partidos.

Habida cuenta de ese plazo, en varias reuniones de distinto nivel celebradas en La Moncloa, se consideraron distintas fechas alternativas para el calendario de 2005, que se presenta especialmente rico en eventos electorales, ya que incluye las autonómicas vascas en mayo y las gallegas, en septiembre.

Primer país que ratifica

Febrero corresponde, sobre todo, al objetivo primordial del Gobierno de que España sea el primer país que ratifique la Constitución y juegue un papel ejemplar en el contexto de las divisiones internas que afectan a distintos países miembros y que suscitan fundados temores de que la Ley Fundamental ya aprobada no pueda llegar a entrar en vigor porque algún país importante, como Reino Unido, o varios medianos y menores se nieguen a ratificarla.

El consenso entre los partidos españoles que se apunta tras el viaje por América Latina del ministro Moratinos se refiere a la necesidad misma de celebrar el referéndum, al tenor básico de la pregunta y a las fechas de celebración.

La delegación de parlamentarios que acompañó al ministro en su gira, y que ha sido el sujeto de estas primeras consultas, no incluía a todos los portavoces de Exteriores de los distintos partidos. Estaba integrada por el número uno de ese área en el PSOE, Rafael Estrella; por el segundo portavoz de Exteriores del PP, Roberto Solavilla; por el número dos de CiU, Jordi Xuclá; por el portavoz de ERC, Joan Puigcercós; por el de IC-Verts asociados a IU, Joan Herrera; por el portavoz de CC, Luis Mardones, y por Begoña Lasagabaster, de EA, por el Grupo Mixto. Ésta ha participado poco en estas consultas, ya que sólo siguió la primera jornada del viaje. Lo dicho por estos representantes habrá de ser confirmado por sus respectivas direcciones.

En cuanto al fondo de la cuestión, la posición afirmativa o negativa frente al contenido de la consulta, el único "no" garantizado hasta ahora es el de ERC, aunque EA tiende a seguir ese camino. En IU conviven dos almas, y la de claro rechazo de la Constitución europea corresponde al portavoz, Gaspar Llamazares. El PNV parece tender al "sí", lo mismo que CiU, aunque el hecho de que el catalán no haya alcanzado el rango de lengua cooficial comunitaria le plantea los problemas que explican el "no" de ERC. En el "sí", coinciden el PSOE, el PP y CC.