El Congreso aprueba por unanimidad el salario mínimo y las ayudas del 'Prestige'

Tarde de unanimidades en el Congreso. Los decretos ley por los que se eleva el salario mínimo hasta los 490,8 euros y se hace una provisión de 250 millones de euros para pagar las indemnizaciones pendientes a los afectados por el Prestige lograron 304 y 303 votos a favor, respectivamente: el de todos los presentes en el pleno extraordinario de ayer.

Puede ser una imagen engañosa de sosiego frente a la crispación que se vive entre el PP y el PSOE a cuenta de la comisión del 11-M, pero lo cierto es que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, pudo dejar constancia en el Diario de Sesiones de su satisfacción por el apoyo a la iniciativa, que afecta a unos 600.000 trabajadores. Claro que no todo fue almíbar, ni mucho menos. Caldera recordó que con la subida se recupera el poder adquisitivo del salario mínimo, perdido, según sus cálculos, durante los años del Gobierno del PP.

Eugenio Azpiroz, en nombre de los populares, negó esa pérdida y argumentó que si ahora es posible la subida, se debe al saneamiento de las cuentas que llevó a cabo el Gobierno de su partido. El voto afirmativo lo explicó como muestra de oposición "responsable".

Medidas insuficientes

El debate de convalidación del decreto ley en el que se fija una provisión de 250 millones de euros destinados a los afectados por el Prestige, subió el tono de discordia. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la urgencia de la medida porque las adoptadas por el anterior Gobierno han resultado "inadecuadas e insuficientes". No había, aseguró, provisión de fondos específicos del Estado y el dinero dependía de fondos internacionales y de mecanismos como "sorteos de lotería y un Plan de Turismo cultural de Galicia".

La portavoz del PP, María Jesús Sainz, subió a la tribuna y aseguró que se alegraba del decreto ley porque con él se está "continuando lo que inició el PP". "Por fin hacen algo bien", dijo la diputada gallega, y a partir de ahí desgranó una catarata de reproches que fueron desde afear al PSOE lo que el PP entiende como actitud "irresponsable y demagógica" en las primeras semanas de la catástrofe, hasta que hayan tardado demasiado tiempo en traer la norma "porque el anterior Gobierno la dejó lista". Tantas fueron las acusaciones que el portavoz del PSOE, Ceferino Díaz, le replicó que no pensaba "entrar en provocaciones" pero no pudo contener un "¡lo que hay que oír!".

Y un rifirrafe final: Fernández de la Vega aseguró que el decreto supuestamente preparado por el anterior Gobierno "ni está, ni estaba, ni se le esperaba". Sainz contraatacó diciendo que el comisionado para el Prestige entregó el borrador al actual Ejecutivo y que parece que "van perdiendo demasiados papeles". La vicepresidenta primera cerró con una puya: "Seguramente los papeles se los han llevado". Con lo que, la tarde terminó con alusiones a las dudas sobre si el ex presidente del Gobierno José María Aznar tiene en su poder documentos del CNI.