Los obispos exigen a los diputados católicos votar contra las bodas gays

La jerarquía católica llamó ayer a sus fieles a una movilización general, en especial de los parlamentarios, contra la legalización del matrimonio homosexual. "El único verdadero matrimonio es más importante para la vida de los pueblos incluso que el Estado", dicen los obispos en una nota que generó inmediatamente la repulsa de los colectivos aludidos. "Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera". El matrimonio gay pone en peligro "todo el sistema económico", sostienen también. España es el tercer país que legisla sobre la materia, después de Holanda y Bélgica.

La Conferencia Episcopal emitió una "nota" de seis puntos, presentada más tarde en conferencia de prensa por su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, sobre la próxima legalización de las uniones homosexuales "de diversos modos". Los obispos comienzan proclamando que "las personas homosexuales, como todos, están dotadas de la dignidad inalienable que corresponde a cada ser humano", pero entran en materia inmediatamente calificando de "inusitada la innovación legal" anunciada. "Tenemos el deber de recordar algo tan obvio y natural como que el matrimonio no puede ser contraído más que por personas de diverso sexo: una mujer y un varón. A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre ellas. El Estado no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común".

Las razones esgrimidas por los prelados son de orden antropológico, social y jurídico, según propia proclamación. Para ello, apelan al significado "unitivo y procreativo" de la sexualidad, frente a unas relaciones homosexuales que, "al no expresar el valor antropológico de la diferencia sexual, no realizan la complementariedad de los sexos, ni pueden engendrar nuevos hijos".

"Moneda falsa"

Sostienen también que la relevancia del "único verdadero matrimonio para la vida de los pueblos es tal, que difícilmente se pueden encontrar razones sociales más poderosas que las que obligan al Estado a su reconocimiento, tutela y promoción".

Proclaman los prelados sobre el matrimonio: "Se trata de una institución más primordial que el Estado mismo, inscrita en la naturaleza de la persona como ser social. La historia universal lo confirma: ninguna sociedad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución matrimonial". Y añaden: "Si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico. De igual manera, equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y del justo orden social".

Los obispos reconocen que "sólo la autoridad legítima tiene la potestad de establecer las normas para la regulación de la vida social". "Pero también es evidente que todos podemos y debemos colaborar con la exposición de las ideas y con el ejercicio de actuaciones razonables a que tales normas respondan a los principios de la justicia y contribuyan realmente a la consecución del bien común", añaden. En consecuencia, la jerarquía del catolicismo español pide a sus fieles que hagan "todo lo que legítimamente se encuentre en sus manos para que las leyes resulten favorables al único verdadero matrimonio". Reclaman en particular esa movilización, textualmente, al "parlamentario católico", pidiendo que exprese públicamente su desacuerdo y vote contra el proyecto anunciado por el Gobierno socialista.

El Gobierno catalán aprobó ayer el anteproyecto de ley que permitirá adoptar niños a las parejas homosexuales, equiparando sus derechos a las de heterosexuales, y también que uno de los dos miembros de una pareja pueda asumir la tutela del hijo o la hija del otro, informa Álvaro Corcuera.Cuando la apruebe el Parlamento, la nueva norma modificará tres leyes catalanas vigentes, la del Código de Familia, la de Uniones Estables de Pareja y la del Código de Sucesiones.