Que Aznar se explique

Si la comparecencia de Aznar ante la comisión parlamentaria del 11-M estaba sobradamente justificada, se ha convertido en una necesidad ineludible. Hasta ahora tenía interés conocer su relato como jefe del Gobierno sobre lo que ocurrió antes del 11-M y entre ese día fatídico y el domingo de las elecciones. Pero desde el pasado viernes debe una clara explicación sobre los papeles del CNI que, según ha afirmado, están en su poder.

Puede ocurrir que un ex presidente del Gobierno, al salir de La Moncloa, se lleve en un descuido más o menos voluntario algún papel indebido mezclado con sus documentos personales (Clinton se llevó en la mudanza un sofá que tuvo que restituir a la Casa Blanca). Pero apropiarse de documentos secretos que le fueron remitidos en razón de su cargo es una infracción de las normas legales y de seguridad, que pone de manifiesto una concepción patrimonialista del Estado, como ha denunciado Gaspar Llamazares. Poco importa a estos efectos que él fuera en su día el único destinatario de tales informes. Mantenerlos en su poder después de abandonar el cargo pone en peligro la seguridad nacional, pues pueden ser robados, extraviados o filtrados interesadamente a medios de comunicación, como ya ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Por todas estas razones es preocupante que tales papeles no aparezcan en los archivos de La Moncloa o, en su caso, en los registros de documentos destruidos. Si Aznar los tiene, debería devolverlos al CNI o a la Presidencia del Gobierno para su destrucción. Y en caso contrario, explicar qué pasó con ellos. España no da imagen de seriedad con este vodevil de documentos secretos, que aparecen y desaparecen, luego se filtran, y finalmente ponen en peligro la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, y en particular contra los diversos grupos terroristas.

Hay indicios razonables de que Aznar, si su afirmación radiofónica es exacta y no simplemente un alarde provocador, puede haber contravenido diversos artículos del Código Penal o de la Ley de Secretos Oficiales. Es imprescindible que se aclare el destino de tales documentos y que los restituya en el caso de que los tenga en su poder, como ha declarado. En definitiva, debe preservarse el principio de legalidad. Aznar tiene una primera oportunidad para demostrar su buena disposición, mediante una respuesta adecuada y correcta a la carta del actual director del CNI, Alberto Saiz, en la que le pide aclaraciones. Pero la segunda oportunidad se la debe proporcionar la comisión parlamentaria convocándole con la máxima urgencia. No haría otra cosa que satisfacer la disposición manifestada por el propio Aznar a través de Rajoy.