El Gobierno obliga a que el 30% de las viviendas nuevas sean protegidas

El Gobierno catalán quiere cumplir su objetivo de construir 42.000 pisos de protección oficial en esta legislatura. Ayer dio el primer paso y modificó nueve artículos de la actual Ley de Urbanismo para introducir "criterios de sostenibilidad y mayor autonomía local, e intervenir de forma directa en el mercado", según resumió el portavoz del Ejecutivo e impulsor de esta reforma, Joaquim Nadal.

Los cambios introducidos por el Gobierno afectan a los principios básicos de la ley y consagran los nuevos criterios urbanísticos del tripartito catalán. De este modo, se incrementan notablemente los porcentajes de vivienda pública y protegida, y se introducen normas mucho más estrictas de protección medioambiental y más garantías hacia los usuarios.

Los promotores urbanísticos deberán ceder el 30% para vivienda protegida, porcentaje que se reparte entre el 20% de protección oficial o pública y el 10% para una nueva modalidad de vivienda, la concertada, que alcanzará un precio medio entre el oficial y el de libre mercado. Este extremo sólo afectará a las poblaciones de más de 10.000 habitantes y a las capitales de comarca. Estas medidas serán de inmediato cumplimiento aunque el ayuntamiento carezca de los correspondientes planes urbanísticos generales.Las modificaciones legislativas, pendientes de su ratificación parlamentaria, otorgan a los ayuntamientos mayor autonomía de gestión. Por una parte, podrán aprobar los proyectos derivados de sus planes urbanísticos generales, y por otra, se les permite expropiar a los promotores si incumplen los porcentajes legales destinados a vivienda de protección oficial. Este tipo de viviendas no podrán concentrarse en un perímetro concreto del término municipal, sino que tendrán que dispersarse.

El Gobierno también obligará a presentar informes de evaluación o declaración de impacto ambiental siempre que se recalifiquen terrenos no urbanizables o el cambio de uso afecte a más de 100 hectáreas. Las medidas de protección ambiental se amplían a los terrenos afectados por incendios forestales, los cuales mantendrán el valor original y no podrán ser recalificados.

La ley incrementa las garantías para los promotores de vivienda y usuarios. De este modo, mientras que en la anterior legislación el silencio administrativo se entendía como negativo, ahora se entenderá como positivo. Es decir, el ciudadano verá aprobada su petición en caso de que el ayuntamiento o la Generalitat no le dé una respuesta en los plazos legales.

- Universidad. La Generalitat aprobó ayer la gratuidad de las matrículas universitarias para las personas con una minusvalía mínima del 33%, mayores de 65 años y víctimas del terrorismo. Con esta nueva medida, los estudiantes que se beneficien de esta tarifa gratuita sólo tendrán que abonar los gastos administrativos. El coste de las matrículas para el resto de los estudiantes se incrementa el 4,1%, el IPC más un punto.

- Porteros. Los porteros de discote deberán seguir unos cursos especiales para ejercer su trabajo, según el decreto aprobado ayer por el Gobierno catalán que regula este oficio. El plan de estudios comprenderá materias como los derechos de las personas, derecho de admisión, planes de seguridad y asistencia sanitaria y primeros auxilios. Entre sus funciones destacan la de controlar la edad de los clientes, el aforo máximo permitido en un local e impedir el acceso a personas que manifiesten actitudes violentas.

- Prisiones. Los municipios donde se instalen nuevos equipamientos penitenciarios se beneficiarán de diversas ayudas del Gobierno. La Generalitat destinará el 1% de coste de la obra a mejorar el entorno del municipio y también compensará económicamente al ayuntamiento por lo que dejará de ingresar en concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI).

- Otros acuerdos. El Gobierno destinará 21,7 millones a subvencionar enseñanza de P4 y P5 en los centros privados y 13 millones a la creación de plazas de guardería. También creará 133 plazas de médico y 152 de personal no facultativo.