El politiqueo del PP con la ciencia

Estos días han trascendido los resultados de la investigaciones del doctor Carlos Simón, del Instituto Valenciano de Infertilidad, con la obtención por primera vez en España de dos líneas celulares a partir de preembriones humanos congelados. Vaya por delante nuestra felicitación si se consolidan y por tanto se confirman los resultados de sus investigaciones. Conviene recordar que las líneas celulares indiferenciadas constituyen el sustrato para conseguir células diferenciadas y tejidos para, mediante trasplante, sustituir los dañados como es el caso en la diabetes, el infarto de miocardio o enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Enfermedades todas ellas graves y crónicas para las que los tratamientos actuales son poco efectivos o inexistentes. No es gratuita, por tanto, la denominación de células de la esperanza que se ha dado a las células madre.

Lo sorprendente es que la presentación de los resultados de las investigaciones del IVI la realizara con gran despliegue mediático el conseller de Sanidad, Vicente Rambla, y no el propio investigador en el marco de una reunión o publicación científica que es como se presentan inicialmente los avances en investigación biomédica. Podría sorprender, aunque estamos desgraciadamente acostumbrados a la utilización sin decoro de la máxima "quien paga manda". Pero el caso es más llamativo aún porque paradójicamente, durante largo tiempo han estado paralizadas las investigaciones con células madre de origen embrionario en todos los centros de España, pendientes del desarrollo normativo de la ley debido al retraso impuesto por el anterior gobierno del PP.

La hipocresía del PP en este tema es de las que hacen época. La desconsideración y maltrato infligidos al profesor Bernat Soria y su equipo de investigación valenciano contrasta con la protección a otros equipos y nos preocupa que éstas investigaciones hayan podido prosperar al margen de la normativa vigente y de las autorizaciones del Ministerio de Sanidad. Normativa que, en sus aspectos más restrictivos, fue responsabilidad del gobierno del PP, y que el conseller ahora elude e ignora tan alegremente.

El debate ha sido intenso y se inició en torno a los trabajos de Soria. Así, en febrero de 2000, fue el primer científico del mundo en lograr la conversión de las células madre de ratón en células beta, que son las que producen insulina en el páncreas. Con éstas, logró curar a los ratones la diabetes tipo I. Soria, del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, empezó a trabajar para trasladar la técnica al ser humano, en el que la diabetes tipo I se debe a las misma causa que en el ratón. Sin embargo, cuando los experimentos trascendieron en julio de 2001 intervino el ministerio abriendo un expediente y reprendiendo severamente a Soria. Fue curiosamente Rubén Moreno -director del Centro Superior de Alta Tecnología para Investigación Biomédica de Valencia-, entonces secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria, o número dos de Sanidad, quien llegó a afirmar a Soria que trabajar con células madre embrionarias era una infracción grave. Finalmente Soria trasladó las investigaciones fuera de nuestro país y posteriormente una parte de las mismas a Andalucía.

Desde el inicio del debate nuestra posición fue inequívoca: apoyo público a la investigación con células madre embrionarias, financiación pública y adecuación del marco legislativo que permitiera trabajar a los investigadores con garantías. Mientras tanto apostábamos por una interpretación no restrictiva de la ley de reproducción asistida de 1988. Términos que no fueron aceptados por el gobierno del PP. En este sentido se presentaron iniciativas desde 2001 en Cortes generales y parlamentos autonómicos, incluida una iniciativa legislativa en Andalucía. Desde el principio tratamos de plantear este asunto con rigor, veracidad y transparencia, sin crear falsas expectativas, conscientes del hecho de que quedan años de investigación básica y aplicada para obtener resultados terapéuticos; con respeto a las convicciones de los demás, sabiendo que no tanto en este caso como en otros relacionados, el dilema ético está presente y no pretendíamos ni desconocerlo, ni ignorarlo, ni minimizarlo, ni trivializarlo.

Sin embargo, no podíamos aceptar que en una sociedad democrática, avanzada y laica, se impusiera al conjunto de la sociedad unos criterios ético-religiosos particulares en su versión más conservadora, restrictiva e incluso reaccionaria. Tampoco podíamos aceptar que se pospusiera una decisión que tenía claros beneficios sociales, que esperaban los millones de enfermos del futuro pero también del presente. El gobierno del PP no hizo más que maniobras dilatorias para retrasar los avances reales en la investigación con células madre embrionarias. Al final, pareció desbloquearse la situación. La presión social fue la que consiguió mover al Gobierno y al PP, que ponen en marcha la reforma de la ley, que permite la utilización en investigación de los embriones crioconservados sobrantes de las técnicas de fertilización. Sin embargo, la modificación se convirtió en una ley de punto final ya que sólo permite investigar con embriones congelados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Los embriones sobrantes después de la entrada en vigor de la ley "no pueden ser utilizados para investigación, sino sólo para reproducción". La actual ministra de Sanidad ha anunciado una reformulación de ésta norma.

Con la modificación de la norma ya en marcha y cuando posteriormente ya estaba aprobada, las actuaciones del PP siguieron siendo un sí pero no. Así, el pasado 4 de noviembre el PP votaba en el parlamento europeo en contra de la financiación de las investigaciones con embriones. Además, en diciembre el Consejo de Ministros de Ciencia y Tecnología de la UE, a iniciativa de la presidencia italiana, bloqueó de nuevo cualquier acuerdo sobre financiación comunitaria de ensayos con células madre procedentes de embriones. España, representada por el ministro de Ciencia y Tecnología, el valenciano Juan Costa, se sumó a la posición italiana. Posición paradójicamente distante de la ley aprobada en Madrid pocos días antes. Y ahora además resulta que de tapadillo se promovían investigaciones de esta índole en la Administración Valenciana, gobernada por el PP. ¿Incoherencia, incompetencia o mala fe? Visto lo visto, parece que las tres cosas juntas.

Ante todo esto había que actuar a favor del desarrollo de la investigación y de la coherencia de un Estado de Derecho. Lo cierto es que en tan sólo una semana el Ministerio de Sanidad ha dado los pasos para desbloquear una situación complicada, se ha abierto la vía para restablecer la legalidad de la actividad investigadora y se ha ofertado la firma de un convenio que ahora sí incluye financiación para estas investigaciones en el País Valenciano, lo mismo que en otras comunidades autónomas. Otro tipo de interpretación, como la de Rambla y los que le hacen de altavoz, sólo pueden considerarse pretextos para una campaña que se anuncia interminable.

¡Mejor sería que se dedicasen de una vez a gobernar!

María José Mendoza es médico y diputada socialista de les Corts Valencianes.