Por el futuro de la sanidad

Tras las declaraciones de la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, sobre la intención de su departamento de estudiar la viabilidad de establecer un copago, se ha reabierto un debate social y político que subyace latente desde hace años.

Quiero insistir que el debate no es nuevo. Debemos recordar que el famoso Informe Abril Martorell, realizado por un grupo de expertos que el Parlamento español creó en la época del Gobierno presidido por Felipe González, ya planteó de forma clara y explícita la necesidad de aplicar medidas que incentivaran la corresponsabilización del ciudadano sobre el coste y el uso de los servicios sanitarios. A pesar del rigor y la calidad con que fue elaborado, el famoso informe pasó a peor vida. Los grupos parlamentarios rechazaron buscar un consenso como consecuencia, probablemente, de la impopularidad de algunas de las medidas propuestas.

La medida que debatimos ahora, el copago, debe situarse en un contexto amplio

Ya entonces, el Colegio de Médicos de Barcelona, después de analizar dicho informe en profundidad, se manifestó abiertamente a favor de la aplicación de esas propuestas, que incluían la introducción del copago en algunas prestaciones con las debidas cautelas.

Todo ello debe contextualizarse en el problema fundamental de nuestro sistema sanitario: su financiación. Y en este sentido debe ponerse una vez más sobre la mesa la necesidad de reorientar los recursos que el Estado dedica a la sanidad. Estamos a la cola, muy lejos aún de la mayoría de los países de nuestro entorno, con un porcentaje del PIB muy por debajo de la media europea. Ésa debe ser la primera asignatura a aprobar. En el caso de Cataluña existe, además, otra cuestión también a resolver, como es el modelo de financiación en general y la repercusión que debe tener en su sistema sanitario.

Nuestro sistema sanitario es de gran calidad, como así se reconoce en foros internacionales, pero está muy tensionado, con una fuerte presión asistencial y con grandes contradicciones en la gestión. Pero esa calidad reside fundamentalmente en el compromiso ético y profesional de los profesionales sanitarios, que, dicho sea de paso, son los peor remunerados del conjunto de países de la Unión.

Desde nuestra perspectiva, el debate es complejo y no admite simplificaciones. La cuestión central es, por tanto, cómo conseguir más dinero para la sanidad. Y en ese sentido deben contemplarse otras muchas medidas, como, por ejemplo, el aumento de la presión fiscal sobre el tabaco, el alcohol y el juego, que son actividades que pueden repercutir sobre la salud de las personas y que afectan directamente a la comunidad.

La medida, que debatimos ahora, el copago, debe situarse en un contexto amplio. No sólo con la finalidad de buscar nuevos recursos directos, sino para conseguir también un uso más racional y adecuado de los servicios por parte de los ciudadanos y poder rebajar, así, presión sobre el sistema sanitario. Sin dejar de reconocer los derechos, ahora es el momento de reivindicar los deberes que nuestra sociedad tiene en relación a la sanidad. Contrariamente a lo que muchos defienden, mantener nuestro sistema sanitario tan al límite perjudica a los sectores económicos más desfavorecidos por cuanto no pueden optar por alternativas en la sanidad privada.

Es en ese sentido que también debiera tenerse en cuenta a ese grupo de población -25 %- que, a pesar de estar contribuyendo con sus impuestos a la sostenibilidad del sistema público, utilizan el sistema privado a través de mutuas y aseguradoras. Si liberan de presión a la sanidad pública es justo pensar que deberían gozar de algún beneficio fiscal.

Por otro lado, es importante remarcar que no todo el problema de nuestro sistema sanitario radica en el área de los ingresos. También deben plantearse sin temores nuevos modelos de gestión que sean liderados por los propios profesionales sanitarios. Algunas experiencias realizadas en nuestro país -la autogestión en atención primaria en Cataluña- se han mostrado eficaces en todos los objetivos propuestos: satisfacción de los pacientes, motivación profesional y resultados en gestión clínica y económica adecuados.

Este conjunto de medidas que he apuntado son factibles. Todas las fuerzas políticas con experiencia de gobierno tienen en sus manos, y desde hace mucho tiempo, el diagnóstico de la situación. Pero, bienvenida sea la nueva comisión de expertos que acertadamente la consejera Geli ha decidido crear para que de nuevo sea posible conocer la situación actual de nuestra sanidad y examinar qué medidas pueden ser contempladas para asegurar su viabilidad. Elaborado su informe final, será el momento de encontrar un espacio sereno para el debate y la reflexión, sin apriorismos ni prejuicios. Y con ese espacio debería llegar el consenso entre todas las opciones políticas, agentes sociales y económicos y corporaciones profesionales sanitarias.

Será el momento, sin duda, de volver a plantear propuestas como el copago, y exigir todas las garantías necesarias para que en su aplicación se asegure la equidad y la accesibilidad del sistema. Países de referencia en la defensa de modelos de sanidad pública -como el caso siempre referenciado de Suecia- llevan aplicando desde hace tiempo esta medida con eficacia y sin controversia.

Si de verdad queremos la supervivencia de nuestra sanidad, debemos actuar con coraje y rehuir el uso partidista como elemento de confrontación y rendimiento electoral. Los que trabajamos y defendemos la sanidad pública reivindicamos que, al igual que se hizo con los pactos de Toledo para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones, se haga ahora de nuevo un esfuerzo a nivel de Estado para acordar aquellas medidas que nos garanticen la perdurabilidad y mejora de la calidad, si cabe, de nuestro sistema sanitario. Los médicos estamos dispuestos, una vez más, a asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponda para que ello sea posible.

Jaume Padrós Selma es secretario del Colegio de Médicos de Barcelona.