Política y estabilidad presupuestaria
La decisión de política económica más importante de cuantas ha tomado el nuevo Gobierno de España ha sido la de establecer la regla de estabilidad presupuestaria. Respeta así un sano principio que no siempre ha sido aceptado y mucho menos aplicado. Digo esto porque el Gobierno anterior, hizo de la estabilidad el principal estandarte de su política económica, defendiéndola como si de un dogma se tratara. Le atribuyo virtudes totémicas a esta función presupuestaria, por lo que quisiera detenerme a averiguar si detrás de sus enfáticas manifestaciones se producían hechos prácticos que las corroborarán.
Para ello, hay que analizar el impacto que los programas de ingreso y gasto público originan en la evolución cíclica de la economía. Pues bien, a poco que avancemos podremos observar como en la práctica el Gobierno del Sr. Aznar López ha ido sacrificando el tan proclamado principio de estabilidad. La primera vez lo hizo en 2000, cuando más crecía la economía. Entonces, decidió estimularla más, proporcionándole una poderosa inyección a través de la primera de sus reformas del IRPF.
Hoy sabemos que se gastó más que lo que se decía y también más de lo que se ingresó
Con esta decisión, renunció al carácter anticíclico de la política fiscal. Adoptó, por el contrario, una política acomodaticia, recostada en unas excelentes condiciones monetarias que se dejaban sentir en unos tipos de interés extraordinariamente bajos. Un tipo de cambio muy favorable le proporcionó otra ayuda más, a lo que se añadía el hecho novedoso de que al sistema productivo español se incorporaban un número elevado de trabajadores procedentes del exterior.
La equivocación que habían cometido parecía que iba a ser corregida cuando, empleando las mayorías absolutas, aprobaron en 2001 la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Si el primer error lo comete el PP en un momento en el que la economía registraba la máxima pulsación, el segundo se produce en 2002, cuando la economía estaba en el punto mínimo del ciclo. En lugar de dejar actuar a los estabilizadores automáticos, para que fueran los que orientaran las variaciones de ingresos y gastos, adoptaron una enorme batería de medidas tributarias. El dislate se ve es analizando los datos.
El crecimiento fue el más bajo de estos años, el 2%. La inflación la más alta, el 4%. La presión fiscal subió seis décimas, la cantidad más elevada de todo el ochote conservador. Estos datos muestran como sus diseños de política económica se tradujeron en una lenta y parsimoniosa salida de la desaceleración. Durante cuatro años se creció por debajo del producto tendencial, y se esperó pasivamente a que se produjera una aceleración, fuerte e intensa, para que desde el exterior se impulsara la recuperación.
El manejo de la política económica es el elemento capaz de mostrar la habilidad del jinete y no sólo la fuerza del caballo. Pues bien, pronto se vio como las autoridades se empecinaban en que el déficit público fuera insensible a la caída del crecimiento. Hecho paradójico, para el que no he podido encontrar una explicación satisfactoria en los manuales de macroeconomía. Por eso quizás sea más convincente el argumento del mal de altura que, hace más de un siglo empleó Cánovas del Castillo. Según él, los políticos de la Restauración, con sólo subirse a un taburete se mareaban. Algo de esto debió haberle ocurrido al Gobierno del PP, ya que esa situación le condujo a perder precisión contable.
Durante esa etapa vivimos un doble movimiento. Uno horizontal consistente en la huida del Presupuesto de múltiples organismos, entidades y empresas del Estado cuya actividad se quiso que no computase en el déficit. Otro vertical que ha permitido que una ristra de gastos se convirtiera en operaciones financieras cuando en verdad eran de capital. Los abusos cometidos, dañando la imagen fiel de la actividad financiera pública, han sido tan conocidos, que hasta el FMI ha llegado a decir que su proliferación constituye un riesgo fiscal potencial difícil de evaluar. Se han conocido lo gastos que no computaron ni en la determinación del límite de gastos ni en el cálculo del déficit. Entre ellos, están inversiones militares en alta tecnología, reasignaciones de la SEPI, condonaciones de préstamos FAD, aportaciones de capital a empresas públicas, déficit de RTVE, de Renfe, de AENA y la deuda a Andalucía.
Durante el Gobierno del PP, la adecuación de la política fiscal al ciclo ha sido deficiente y la transparencia ha brillado por su ausencia. Hoy sabemos que se gastó más que lo que se decía y también más de lo que se ingresó, por lo que hay que salir del espejismo, para que la realidad no quede sepultada por la ficción. El nuevo Gobierno transita por territorios bien distintos. Lo que antes no se decía que se gastaba, ahora se dice, a la vez que se tiene en cuenta la oscilación cíclica. Para él, además, una buena política fiscal ha de poseer un marcado carácter anticíclico: expansiva en las recesiones y contractiva en las expansiones. Dos avances merecedores de positiva valoración y apoyo. Ambos se dan cuando se observa que en lo que va de ejercicio ya se está produciendo una suave y continuada aceleración. Esto hace que resulte verosímil que en 2005 se recupere el objetivo permanente enunciado, aunque nunca alcanzado: crecer al 3%.
Ahora bien para hablar de economía y de presupuestos resulta muy conveniente hablar de política, aunque sólo sea porque en España se ha iniciado un nuevo ciclo político que ha encontrado el refrendo de los ciudadanos en las urnas. Esta nueva trayectoria deberá ser dilatada a la vez que transformadora, para lo que resulta imprescindible elevar el crecimiento, el mejor antídoto frente al déficit. En ella, el crecimiento ha de apoyarse en reformas, posición históricamente contrastada, puesto que desde 1958 la economía española responde bien a las liberalizaciones y a los cambios estructurales.
La orientación de esas reformas ha de estar dirigida hacia espectros diversos. Si partimos del hecho de que el primer activo de la sociedad son los ciudadanos, lo oportuno es elevar el valor de ese capital humano. Además, si creemos que aumentar la base tecnológica, es una exigencia para alejarnos de una sociedad atrasada, constituye una imperiosa necesidad sostener centros de investigación y de desarrollo para garantizae el avance y el progreso.
Por otra parte, existiendo en muchos lugares de España una mala dotación de factores productivos, la compensación de esta situación ha de producirse mediante la acción infraestructural. Por último, viviendo en una sociedad con aspiraciones, que ha optado por fijar un punto de partida, desde el que abrir otro proceso de crecimiento a largo plazo, en ella se precisarán servicios públicos que rompan los cuellos de botella que existen, a la vez que corrigen la desigualdad, la precariedad y la exclusión.
Durante el próximo futuro habremos de desenvolvernos llevando a cabo actuaciones favorecedoras de la inversión, la cohesión y la innovación. Para que puedan lograrse, es imprescindible encontrar el ritmo en el que se encajen esas modificaciones y esas reformas. Pues bien, la compatibilidad de estos objetivos sólo se alcanzará afianzando los fundamentos presupuestarios. Poniendo en valor la disciplina presupuestaria, clarificando la madeja que la opacidad nos ha dejado, disponiendo de unas finanzas públicas sólidas y sostenibles, seriamente programadas para poder satisfacer las demandas que se formulan. Por último, no debemos ignorar que actuando con esa prudencia no se presentarán situaciones parecidas a las que han tenido que soportar alguno de nuestros socios quienes tuvieron que recortar el gasto cuando sus economías estaban peor.
Francisco Fernández Marugán es secretario adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y diputado por Badajoz
