Aclaración
Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de saludarle y referirme al contenido del artículo de opinión Fidel Castro, asesor electoral, autoría de Ibsen Martínez, publicado el 19 de junio en la sección de Opinión del diario que dirige, que a juicio de esta representación diplomática incurre en algunos despropósitos que es menester aclarar, en resguardo del buen nombre del Gobierno venezolano, de la institucionalidad del país y del presidente de la República, Hugo Chávez Frías.
Haciendo honor al oficio de guionista de telenovelas por el que es conocido en Venezuela, Martínez afirma en el texto que el Poder Ejecutivo venezolano estaría pagando a Cuba con barriles de petróleo un hipotético asesoramiento electoral al presidente Chávez, cuando hasta los más rudimentarios conocedores de la realidad latinoamericana se encuentran informados de que el envío de crudo a esa República amiga se enmarca en el denominado Acuerdo Energético de Caracas, firmado en 2000, y que no es más que una extensión del Acuerdo de San José, en vigor desde hace más de veinte años, y por el que Venezuela y México suministran energía a todos los países de Centroamérica y el Caribe a tasas de interés preferenciales.
A lo largo del artículo, Martínez señala que el presidente Chávez ha intentado impedir la convocatoria al referéndum revocatorio de su mandato, cuando más bien el jefe de Estado fue el impulsor de la introducción de la figura de los referenda en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. El argumento es rebatible, al igual que el anterior, por la fuerza de los hechos, todos demostrables y verificables: el actual Poder Ejecutivo venezolano ha acatado todas y cada una de las decisiones de los restantes poderes públicos, aun siéndole desfavorables. Esta conducta de respeto institucional es un caso atípico en nuestra historia republicana, y tal vez por esta razón al articulista le resulte difícil aprehender y luego verbalizar una realidad inédita y sin comparación posible con la experimentada anteriormente en el país, caracterizada por los recurrentes patrones de exclusión y de irrespeto hacia la ciudadanía y la voluntad popular.
Finalmente, Martínez opina que la oposición ha optado por la vía electoral, pero omite mencionar tanto los atajos claramente autoritarios y violentos que ésta tomó en los dos últimos años para acceder al poder (golpe de Estado en abril de 2002, golpe petrolero diciembre 2002-enero 2003, el secuestro de cientos de miles de ciudadanos en sus hogares en marzo de 2004 al impedirles el libre tránsito, la introducción de paramilitares en territorio venezolano, delito descubierto en mayo de este año) como el hecho de que las distintas facciones que la integran, a diferencia del Gobierno del presidente Chávez, se niegan a anunciar que respetarán los resultados que el poder electoral venezolano (CNE) emitirá luego de la consulta refrendaria del próximo 15 de agosto. Habría que preguntarle a Martínez, conocedor de los malabarismos literarios propios de la ficción, el adjetivo a endilgarle a estos grupos, para él tan ejemplares, que se niegan a aceptar las reglas convenidas (y convencionales, según los parámetros de cualquier país de Europa occidental) del juego democrático.
