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Reportaje:

La ONU, ante el desafío de Haití

El 80% de la población vive en la pobreza, carece de agua potable y electricidad y está sometida a la violencia de las bandas

Ana Carbajosa

Algo más de 100 días después de instaurado el Gobierno provisional tras la caída del presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, el país más pobre de América está lejos de haberse pacificado. Atrás han quedado los días en que los opositores y oficialistas combatían a tiros en las calles de Puerto Príncipe y Gonaives, pero una turba de criminales y partidarios del presidente depuesto se arma hasta los dientes, desafiando los esfuerzos de la comunidad internacional. La Misión de Naciones Unidas (Minusta), encabezada por Brasil, y en la que el Gobierno español se ha comprometido a participar enviando guardias civiles y policías, pretende desarmar a la población civil, formar policías haitianos y fortalecer las instituciones de un Estado desmoronado y corrompido por el narcotráfico.

Durante la revuelta de febrero, los antiguos funcionarios arrasaron con lo que hasta entonces era de todos. Se despidieron cargados con ordenadores, pomos, grifería y cableado hasta desnudar los ministerios. La Guardia Nacional y cientos de policías se fueron con sus armas a casa y las prisiones abrieron sus puertas durante los días de las revueltas y pusieron a cientos de criminales en la calle. A la violencia rampante se suma la crisis humana y económica, que mantiene al 80% de los ocho millones de haitianos por debajo del umbral de pobreza y la mayor parte de la población sin electricidad, agua potable ni servicios de salud.

El Gobierno interino calcula que por el país circulan unas 25.000 armas, en manos de delincuentes comunes y de partidarios de Aristide. Éstos se concentran en las barriadas más pobres, donde el cura de los pobres exiliado en Suráfrica, y al que consideraban uno de los suyos, goza aún de fuerte popularidad. Cité Soleil, una Bidon Ville (ciudad de lata), es el bastión de los chimeres por excelencia. Allí se repiten los vivas a Aristide escritos en creole sobre los muros y firmados por alguno de las decenas de partidos de nueva creación. En el suburbio conviven con la basura y los escombros medio millón de indigentes, que se amontonan en construcciones de lata, uralita y hormigón. La gran mayoría son jóvenes, de los que se nutren las bandas armadas que asaltan, secuestran y matan. Ayer, otro cuerpo yacía ensangrentado en una de las calles principales de Cité Soleil a plena luz del día.

Junto a los pandilleros, los temibles chimeres empuñan armas para combatir lo que consideran la represión por parte del Gobierno tras la detención y procesamiento de altos cargos del Ejecutivo de Aristide, entre ellos el ex primer ministro Yvon Neptune, acusado de genocidio por la masacre en que más de 50 personas fueron brutalmente asesinadas en Saint Marc durante la revuelta que puso fin al régimen de Aristide.

Acabar con estos crímenes es una de las prioridades de los cascos azules y la policía de la ONU, que pretende reunir a algo más de 8.000 efectivos, de los que hasta el momento sólo se han incorporado algo más de la mitad, la mayoría brasileños, chilenos y de casi una decena de países africanos. "La policía colapsó. Había más de 5.000, pero muchos huyeron y otros están en la cárcel", explica el jefe de la policía de la ONU, el portugués Adilio Custodio. El secretario general, Kofi Annan, designó ayer al diplomático chileno Juan Gabriel Valdés como su nuevo emisario en Haití, quien se pondrá al frente de la misión de la ONU.

Ahora quedan menos de 3.000 agentes para todo el país. Hay que reclutar a varios miles y reconstruir la institución. "La policía estaba muy politizada. No era la policía del país, era la policía del presidente", añade Custodio, quien pide que los españoles lleguen pronto. El número de guardias civiles y policías españoles que viajarán a Haití está aún por determinar, pero en todo caso no superará la treintena, según el director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, de visita en Haití junto con la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, acompañados por un grupo de periodistas. Tras el viaje, ambos concretarán la participación española en Haití en sus respectivas áreas. "Todavía no hemos decidido cuántos [guardias civiles y policías] vendrán, pero en España también tenemos muchas prioridades. Además, tienen que ser policías que hablen francés, y no es tan fácil", señala Gómez Arruche. Los que vengan participarán sobre todo en la formación de policías locales. En el terreno de la cooperación, hasta el momento, la inseguridad ha impedido la puesta en marcha de programas de ayuda, según el encargado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la República Dominicana y Haití, Carlos Cabanillas, quien asegura que por el momento sólo hay tres cooperantes españoles en el país. La pescadilla que se muerde la cola, que hace que sin seguridad no haya inversión y que sin ingresos no haya desarrollo ni apoyo a las endebles instituciones.

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El Gobierno de tecnócratas encabezado por el primer ministro Gerard Latorture se esfuerza por enderezar la situación, pero no acaba de conectar con la población, que apenas percibe resultados. "No conocen la sociedad haitiana. Latorture ha estado 30 años fuera del país y no entiende qué es lo que la gente quiere", apunta un periodista de una radio local.

Mujeres haitianas acuden al mercado del barrio de La Saline, uno de los más pobres de Puerto Príncipe.
Mujeres haitianas acuden al mercado del barrio de La Saline, uno de los más pobres de Puerto Príncipe.AFP

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Sobre la firma

Ana Carbajosa
Periodista especializada en información internacional, fue corresponsal en Berlín, Jerusalén y Bruselas. Es autora de varios libros, el último sobre el Reino Unido post Brexit, ‘Una isla a la deriva’ (2023). Ahora dirige la sección de desarrollo de EL PAÍS, Planeta Futuro.

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