Europa: quitarse la camisa de fuerza

El destino del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), una de las pocas normas de coordinación de las políticas económicas de los países de la Unión Europea (UE), tendrá mañana una importante prueba: está previsto que el Tribunal Supremo de Justicia de la UE decida si la suspensión del PEC, decretada a finales del año pasado por los ministros de Economía (Ecofin), se ajustó a lo correcto.

Recuérdese el caso: la Comisión Europea (CE), a propuesta del entonces comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, decidió imponer sanciones a Alemania y Francia por superar sus respectivos déficit públicos el 3% del PIB; el Ecofin anuló tales sanciones y la Comisión recurrió esta resolución. La ortodoxia de estos fallos es lo que puede dictaminar mañana el Tribunal de Justicia en un dictamen que previsiblemente clarificará las funciones propias de los ministros y de la CE. La batalla entre la CE y el Ecofin es una más de las que debilitan el funcionamiento de las instituciones europeas.

En sus últimos tiempos como comisario -antes de volver a España como vicepresidente del Gobierno de Zapatero- Solbes comenzó a trabajar en una reforma del PEC, que lo hiciera realista: evitar el dogmatismo en su aplicación con el objeto de que se cumpla su funcionamiento. Joaquín Almunia, el sustituto de Solbes en Europa, heredó esos trabajos de reforma y los profundizó. Pero para presentar de modo oficial esa reforma y que sea aprobada, Almunia estableció en la práctica tres pasos: la decisión del Tribunal Supremo de Justicia; lograr un consenso con los gobiernos de los 25 países de la UE; y la existencia de la nueva Comisión, presidida casi con seguridad por Durão Barroso, que sustituya a la de Prodi. En esa nueva Comisión que reformará el PEC, el comisario de Asuntos Económicos seguirá siendo Almunia.

Mientras tanto, Almunia ha ido avanzando su propuesta de reforma, en términos generales: en primer lugar, el PEC se aplicará con todo rigor a lo largo de todo el ciclo económico y no año a año; no sólo cuando el déficit sea excesivo sino también en tiempos de bonanza, para evitar bajadas de impuestos infundadas y electorales, y gastos excesivos. El PEC no sería ya una especie de corsé universal, sino una herramienta anticíclica de política económica. Segundo: en situación de déficit excesivo, las reglas se aplicarán caso por caso, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada país (nivel de deuda, sostenimiento de las pensiones, situación de las infraestructuras o del desarrollo de la sociedad de la información, etctera), y se fijarán diferentes objetivos y diversos límites temporales para lograr el equilibrio presupuestario del que habla el Tratado de Maastricht. En tercer lugar, una recesión superior al 2% (el PIB disminuye en ese porcentaje) no será la única circunstancia excepcional que suspenderá el tope del 3% del PIB, sino también un largo periodo de estancamiento.

El comisario de Asuntos Económicos quiere aprovechar esta coyuntura para variar las competencias de la CE a la hora de vigilar las políticas fiscales de los Estados y de coordinar las políticas económicas de los gobiernos. Según el economista francés Jean Paul Fitoussi, el responsable de Asuntos Económicos de la Comisión, sea el que sea, es en la práctica una especie de secretario de Estado de la UE y no un ministro: ni él ni la CE tienen poder de decisión; su papel es análogo al de un juez de instrucción que vigila el cumplimiento del PEC y eleva sus denuncias a un Consejo constituido por el conjunto de los posibles infractores. Frente a éstos, sólo tiene la capacidad de influir que le da el carácter público de sus recomendaciones al Consejo, pero los Gobiernos pueden coaligarse -como ya ha sucedido- para evitar que sus denuncias tengan efecto.

Al tiempo que esto se debate en Europa, España se alinea con la misma filosofía: el equipo de Solbes ha puesto fin al dogma del déficit cero y a la ley de hierro que el Partido Popular promulgó en 2001 y que obligaba no sólo a la Administración central, sino a las autonómicas y locales. Una norma muy rigurosa, pero que no se cumplía. Rigor fiscal, pero sin dogmatismos.