El Supremo apoya la decisión del Gobierno de parar la reforma educativa

La decisión del Gobierno de parar la aplicación de la reforma educativa de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) ha recibido el espaldarazo del Tribunal Supremo. Tras lanzar las comunidades gobernadas por el PP una lluvia de acusaciones contra el Ejecutivo de "ilegalidad" y de "ir en contra del interés general", el Supremo respondió ayer que el real decreto con el que el Gobierno ha aprobado la paralización por dos años de la aplicación de la LOCE "no puede objetarse ni en cuanto a su constitucionalidad ni en cuanto a su legalidad" .

El pasado 28 de mayo, el Gobierno aprobó un real decreto con el que pospuso dos años la implantación de las medidas de la LOCE que aún no se habían puesto en marcha. Esta ley fue impulsada por el PP y abanderada como una de las grandes reformas que dejó a su paso por el Gobierno en la pasada legislatura. La norma modificó parcialmente las tres leyes referidas a la educación no universitaria que los socialistas habían aprobado en la década anterior. La Ley de Calidad fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2002 con el único apoyo del PP y de Coalición Canaria.

El decreto del pasado mayo modificó otro aprobado por el Gobierno del PP en junio de 2003. Ambas normas estaban destinadas a ordenar el calendario que se debía seguir para aplicar la LOCE. El objetivo que persiguen los socialistas con la decisión de parar dos años la aplicación de esta ley lo había expresado nada más llegar al poder el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero: "Impulsar una nueva reforma educativa que goce del máximo consenso posible".

Esta decisión desató una cadena de protestas en las filas del PP. Cambiar la educación había sido una de las prioridades de José María Aznar ya desde que Esperanza Aguirre fue nombrada ministra de Educación en 1996. Precisamente ha sido Aguirre, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha abanderado las protestas contra la paralización de la LOCE y que acabaron en la petición al Tribunal Supremo de que anulara ese decreto. Esperanza Aguirre llegó a manifestar hace algunos meses que, pasara lo que pasara, ella tenía intención de dejar a los centros de la Comunidad de Madrid que aplicaran el próximo curso algunas medidas de la LOCE, como la separación de los alumnos en itinerarios en 3º de ESO.

El interés de los alumnos

Sin embargo, Aguirre, como el resto de las comunidades en las que gobierna el PP, consultaron al Consejo de Estado en un intento de confirmar su teoría de la "ilegalidad" de la paralización. Este órgano la consideró perfectamente legal (lo hacía por segunda vez, ya que el Gobierno le había consultado antes de aprobar el decreto), pero además añadió la conveniencia de que no se distorsionase la igualdad del sistema en toda España con la aplicación parcial de lo paralizado, puesto que tal cosa podría perjudicar a los alumnos, argumentó el Consejo de Estado.

Sin embargo, el PP no desistió y recurrió al Supremo. Éste se ha manifestado de forma tajante en la misma línea, dejando clara tanto la "constitucionalidad" de la medida adoptada por el Ejecutivo de Zapatero como la obligación de las comunidades autónomas a seguirla: "Ambos reales decretos

[el de calendario aprobado por el Gobierno del PP y el aprobado ahora por el PSOE] fueron aprobados al amparo de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y de las habilitaciones conferidas al Gobierno, reales decretos que tienen el carácter de norma básica, de obligado respeto por las comunidades autónomas, en cuyo marco deben moverse la legislación y la ejecución autonómicas", señala la resolución.

Sobre el perjuicio que a juicio de las comunidades del PP tiene la paralización de la aplicación de la LOCE para el interés general (el principal argumento que utiliza el PP para solicitar la suspensión de ese paro), el Supremo también es firme: "Precisamente, la suspensión de la efectividad del real decreto recurrido será lo que ocasionaría aquella perturbación, cuando el real decreto debe ser aplicado a todas las comunidades autónomas con carácter general, toda vez que la aplicación en unas y no en otras, causaría perjuicios al sistema educativo y a sus usuarios".

El subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Gurrea explica que "el auto del Supremo es claro y contundente, no deja dudas sobre la invalidez de las quejas del PP, que eran básicamente la retroactividad del real decreto aprobado por el Gobierno, la supuesta derogación de disposiciones de las comunidades autónomas y la alarma social".

Gurrea añade que al haber pedido al Supremo las comunidades gobernadas por el PP que se pronuncie sobre si se debería adoptar la medida cautelar de suspender el decreto, "ya le está abocando a que se manifieste sobre el fondo del asunto" y, por lo tanto, sobre su postura respecto al fallo definitivo del recurso que incluía esta medida cautelar.