Sevilla asegura que reformará la financiación municipal sin esperar al cambio de estatutos

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, colocó ayer la prioridad de su ministerio en la reforma de la financiación local. Dijo que está recibiendo multitud de quejas de ayuntamientos ahogados económicamente porque realizan servicios "que no les competen pero nadie presta". Por eso anunció que la reforma de la financiación local, que consideró "urgente", no esperará a que se cierre la negociación sobre los nuevos estatutos de autonomía y la nueva financiación autonómica. También se mostró favorable a que cada autonomía tenga, si quiere, su propia agencia tributaria.

Sevilla intervino ayer en Foro de la Nueva Economía y quiso colocar el debate autonómico en un nuevo escenario: frente a la "confrontación" de los últimos años, y la relación del hijo "que recurre a papá Estado cuando tiene problemas de financiación", el ministro propone una dependencia "fraternal", donde el Estado sería "el hermano mayor".

El responsable de Administraciones Públicas propone que las comunidades tengan "mayor autonomía financiera" para que puedan subir sus impuestos cuando necesiten dinero, y enfrentarse luego a esa responsabilidad frente a sus ciudadanos. Aunque no aclaró hasta dónde alcanzará esa reforma, ni siquiera los plazos temporales. El nuevo sistema se implantará "cuando esté listo", dijo, "y si es en esta legislatura mejor".

Como muestra de esta buena voluntad, el ministro envió ayer una carta a la consejera de Economía vasca, Idoia Zenarruzabeitia, para invitarla a seguir negociando sobre el Cupo vasco y otras cuestiones, pero de forma "discreta", sin polémicas en los medios de comunicación.

El ministro demostró en todo momento su interés por evitar polémicas. Especialmente con Esquerra Republicana de Catalunya, apoyo fundamental de los socialistas en el Congreso de los Diputados. Dos veces citó, en broma, la posibilidad de que este partido replicara sus palabras.

En cualquier caso, y mientras este complejo debate sigue abierto, la prioridad pasa ahora por la reforma de la financiación local. La pasada semana, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció que el Gobierno compensará este año con 611 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) en 2003.

Sevilla va más allá, y dice que es "urgente" reformar la Ley de Bases del Régimen Local para conceder a los ayuntamientos competencias que ya ejercen y la financiación necesaria. El ministro aseguró que no esperará a aprobar las reformas estatutarias para colocar a los ayuntamientos "en el lugar que les corresponde" en la estructura del Estado.

Sevilla también terció en la polémica entre el nuevo director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, y el consejero de Economía de la Generalitat catalana, Antoni Castells. El primero, contradiciendo el programa electoral socialista, había rechazado la idea de las agencias tributarias en cada autonomía. Castells dijo que Cataluña tendrá la suya pase lo que pase. Sevilla se mostró claramente a favor: quienes manifiestan ciertos recelos [a la creación de agencias autonómicas] no caen en la cuenta de que las comunidades ya recaudan y gestionan sus impuestos, aunque sea a través de una dirección general".

Sevilla está en la postura más abierta posible. Porque no sólo defiende las agencias para gestionar los impuestos autonómicos -el Estado no puede oponerse a eso porque no le compete, explica- sino además, dentro de la reforma del sistema de financiación, apoya "el derecho a participar en la gestión y recaudación" de impuestos estatales cedidos, como el 35% del IRPF.