Los héroes hacen lo que pueden

Este periódico publicó el pasado lunes una emocionante información firmada por Xosé Hermida: la historia de un marinero chino del Wisteria, cuyo nombre nunca sabremos, que hizo cuanto pudo para socorrer a los cuatro polizones negros que el capitán de su barco abandonó en una pequeña balsa en el mar.

Ese marinero reprochó a sus compañeros que trataran a los viajeros clandestinos como si no fueran seres humanos; esperó a quedarse solo junto a la radio para procurar alertar a una emisora costera y, finalmente, fracasados todos sus intentos, luchó para que el secreto fuera conocido y el crimen no quedara impune. Arriesgando, quizás, su integridad física, y, seguramente, su trabajo, deslizó en la mano del práctico del puerto gallego de Ribeira una nota que decía: "4 men was throwed into sea¡¡¡¡. By C/O captain on 23rd may". No sirvió para nada, porque la justicia española consideró que no tenía jurisdicción en la zona a donde fueron arrojados aquellos cuatro desgraciados. El barco se hizo de nuevo a la mar con el capitán asesino y con su anónimo y cabal marinero. Pero si es cierto lo que decía Romain Rolland y héroe es aquel que hace lo que puede, frente a los demás que no lo hacen, ese marinero chino debería ser uno de los héroes de nuestra época y quizás, algún día, deberíamos pensar en levantarle un monumento en nuestro puerto.

Porque no es nada fácil hacer lo que se puede. No lo hicieron los militares españoles que organizaron los vuelos de sus compañeros a Afganistán ni los que intervinieron en el rescate de los cuerpos de los que murieron en el accidente del Yak-42. El testimonio del ministro de Defensa, José Bono, el pasado miércoles, ante la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados ha sentado un gran precedente. Por fin, un ministro ha acudido al Congreso para reconocer una desidia terrible que afecta a su departamento, y, lo que es todavía más importante, para anunciar que "ningún responsable de ese grave error permanecerá en la cadena de mando".

Cierto que Bono reconoce un error cometido por otros, antes de llegar él mismo al ministerio, pero el camino ya está abierto. Quizás a partir de ahora no baste con echar la culpa genéricamente al antecesor y haya hechos ante los que se admita que es preciso señalar, con nombres y con apellidos, a los responsables directos. A quienes no hicieron lo que hubieran podido hacer. Quizás el caso Yak-42 vaya a dejar más sólidamente establecido que anteriormente el derecho a saber. Un derecho a conocer los hechos que no sólo corresponde a los familiares sino a la sociedad en su conjunto. Porque si de algo pueden estar seguros los ciudadanos es de que el secreto no se inventó para salvaguardar grandes éxitos o grandes virtudes. El derecho a saber sirve para combatir la desidia y la incompetencia y para prevenirlas, igual que el derecho a ser testigo funciona como la mejor arma contra el abuso y la crueldad y es la mejor justificación del trabajo del periodista.

Ese mismo derecho a saber, por encima de cualquier otra intención política, debería haber inspirado la investigación sobre lo que ocurrió antes y después del 11 de marzo en Madrid. El mejor sistema no era, probablemente, una comisión de investigación parlamentaria, o al menos, no una que se reuniera sin contar siquiera con el informe previo de un grupo de expertos independientes, que dejara establecidos los hechos, horarios y calendarios. Un informe que impidiera las marrullerías de los diputados poco interesados en establecer la verdad, o la ineficacia de los que no saben cómo hacerlo. Un informe que no permitiera que personas interesadas, o periodistas poco escrupulosos, conviertan en protagonista de sospechas a un hombre, el portero de la finca, al que, si tuviéramos algo de sentido común, todos le tendríamos que estar muy agradecidos por sus dotes de observación. Porque da la impresión de que este ciudadano fue más rápido comprendiendo la situación e informando a la policía que los mandos de la policía y de la Guardia Civil informándose entre sí sobre sus respectivos descubrimientos y análisis. solg@elpais.es