La patronal europea pide la revisión del compromiso de Kioto

UNICE, la patronal europea, quiere que Bruselas revise sus compromisos con respecto al Protocolo de Kioto, dado que Rusia y EE UU no lo van a aplicar y, por tanto, la industria europea puede sufrir una más grave pérdida de competitividad si continúa adelante. En España, sin embargo, el Gobierno ha asegurado que la salud financiera de uno de los sectores más afectados, el eléctrico, se mantendrá intacta.

Según UNICE, la patronal europea, el coste de aplicar el Protocolo de Kioto se evalúa entre el 0,15% y el 0,30% del PIB europeo, pero tal coste será mayor en el caso de aplicación unilateral. Los dirigentes de la UNICE le han pedido, de hecho, el miércoles al presidente de la UE, el holandés Jean Meter Balkenende, y al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, que abran un debate sobre "un nuevo modelo de cooperación internacional" y que se revisen "todas las políticas europeas" al respecto.

Esta iniciativa de UNICE se produce justamente cuando la UE calienta motores para poner en marcha, de forma experimental, a partir de 2005 el comercio de emisiones, que va a obligar a la industria europea a adaptar sus generadores de energía para reducir sus emisiones o, en caso contrario, comprar a otros derechos de emisión. UNICE se queja por ello de tener que hacer sacrificios que no se le piden ni al consumo doméstico ni al transporte, que, juntos, recuerda el presidente de la organización Jurgen Strube, suman más que las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la industria.

Fabricio d'Adda, presidente del Comité Industrial de UNICE y vicepresidente de la petrolera italiana ENI, asegura que los ocho productores que más electricidad consumen (cemento, papel, cerámica, vidrio, etcétera) deberán pagar un coste adicional de entre 85 millones y 2.300 millones de euros a causa del incremento de la factura de la luz. "Es algo que no se puede afrontar", concluye D'Adda, que ilustra con otro ejemplo del coste de Kioto: Holanda deberá comprar más de 4.000 millones de dólares en derechos de emisión para cumplir con Kioto.

Un problema global

UNICE (16 millones de empresas, 36 organizaciones empresariales de 29 países) desconfía de los mensajes y evaluaciones que hace la Comisión Europea. Pide nuevos estudios sobre el impacto de Kioto sin Rusia y sin Estados Unidos y ve difícil mantener el objetivo de convertirse en la economía más competitiva del mundo al tiempo que se reducen, en estas circunstancias, las emisiones de gases de efecto invernadero. "Estamos comprometidos a luchar contra el cambio climático", dice UNICE, "pero éste es un problema global que requiere una solución global". Strube se pregunta: "¿De qué sirve que la UE aplique Kioto sola cuando es un problema global?".

La Comisión Europea es partidaria de hacer un esfuerzo de reducción de emisiones aunque Estados Unidos, máximo contaminador del planeta, y otros países industrializados no lo hagan por temor, precisamente, a la pérdida de competitividad de su industria. Considera, además, que el desarrollo de energías limpias y más eficientes dota a la industria europea de una ventaja que resulta o resultará rentable. La UE, además, convirtió en marzo de 2002 sus compromisos de Kioto en una directiva que obliga legalmente a sus socios imponiéndoles objetivos nacionales que hay que empezar a cumplir a partir de 2008.

España, sin embargo, ya ha entrado en el proceso de negociación de las asignaciones individuales de las cuotas de emisiones y ayer el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, apuntó que la salud financiera del sector eléctrico no sufrirá ningún deterioro "de relieve". Fernández, que inauguró una jornada titulada La industria española ante Kioto, auspiciada por la Fundación Europa América, resaltó que la asignación final de los derechos de emisión estará estructurada de tal forma que las empresas eléctricas no tenga que deshacerse de plantas de generación que son rentables.

Tanto Endesa como Iberdrola, que mantienen posiciones encontradas en cuanto al plan de asignaciones, han considerado que las cuotas presentadas por el Gobierno les resultan justas. Ambas empresas, sin embargo, matizaron que el plan actual no establece criterios específicos y que quedan "puertas por cerrar".