Proveedores médicos, de servicios y contratistas se unen como acreedores de la Administración

La Generalitat valenciana arrastra un retraso de más de 600 días en el pago de los proveedores sanitarios agrupados en Fenin, una de las patronales del sector, muy por encima de otras comunidades autónomas. Pero el caso de los proveedores sanitarios no es único. Hospitales, seguridad privada, residencias de tercera edad, contratistas de obra pública, metal, madera o transportistas, entre otros, se integraron ayer en una comisión específica creada por la Confederación Empresarial Valenciana para abordar en conjunto sus problemas con la Administración Pública.

La última asamblea general de CEV acordó la constitución de una comisión única en su género entre todas las organizaciones patronales de España destinada a tratar las "relaciones de la empresa con la Administración Pública". La asamblea invitó a los sectores interesados en participar en la comisión a solicitar su ingreso. La junta directiva de la patronal provincial, reunida ayer, dio carta de naturaleza al grupo en el que se han integrado trece sectores empresariales, algunos con dos representantes.

Hospitalización privada; seguridad privada; residencias de la tercera edad; Fenin, patronal de proveedores sanitarios que denunció el retraso en los pagos de la Generalitat valenciana incluso a través de anuncios publicitarios en diversos periódicos; Fevama, la patronal que agrupa al sector de mueble y madera; Femeval, la patronal del metal que engloba a todos los proveedores de servicios relacionados con electricidad, fontanería y calefacción, por ejemplo, pero también incluye a ciertos proveedores de material quirúrgico; Fecoval, la patronal que agrupa a los contratistas calificados para acceder a adjudicaciones de obra pública; Agricultores de la Vega, SA, empresa que gestiona la recogida de residuos en buena parte de la ciudad de Valencia y la provincia; Farval, la patronal de Farmacia; estaciones de servicio; terciario avanzado, que aglutina a todos los consultores especializados, servicios de asesoría o expertos informáticos; centros de gestión de enseñanza concertada, desde colegios hasta academias de las más diversas disciplinas; y Fevec, la patronal que agrupa los transportistas valencianos.

Lo extenso de la nómina de organizaciones empresariales interesadas en sumarse a la comisión específica de relaciones con la Administración Pública revela que los problemas en la gestión de cobros se extienden mucho más allá de las facturas sanitaria y de farmacia, que exceden año tras año todas las previsiones presupuestarias.

Otras organizaciones empresariales españolas han constituido comisiones parecidas pero restringidas en exclusiva a los contratistas de obra pública. Un grupo tan heterogéneo como el que aglutina la nueva comisión de la patronal valenciana constituye una excepción en toda España.

La comisión para las relaciones de la empresa con la Administración Pública echa a andar en paralelo a la tramitación en el Congreso de los Diputados de una norma que pretende regular todos los aspectos relativos a las relaciones de la Administración con sus proveedores y de las empresas entre sí. Los plazos de pago que prevé el proyecto de ley que ya ha aprobado el Gobierno son de 60 días para la Administración y de 30 días para las empresas entre sí.

Un portavoz empresarial de unos de los sectores incorporados al grupo de acreedores comentó que el único objeto de la comisión es seguir de cerca la tramitación de la nueva ley para conseguir que "nadie salga perjudicado". El mismo portavoz aseguró que la Generalitat valenciana ya cumple los plazos previstos en la futura ley: "Siempre paga a 60 días, y cuando se retrasa, paga intereses". La reflexión incluye un correlato: "Si no fuera interesante trabajar para la Administración, no seríamos proveedores".

Sin embargo, no todos los sectores afrontan la cuestión de la misma manera, no es lo mismo servir carreteras que ofrecer material quirúrgico de última generación.

La gravedad del problema es patente cuando los retrasos en los pagos de parte de la Administración superan los 600 días, como es el caso de varios proveedores sanitarios. Pequeñas empresas especializadas en productos de muy alta tecnología, por ejemplo, sufren muchas complicaciones para mantener a flote el negocio.

La nueva legislación, que obliga a pagar a los proveedores particulares en el plazo de un mes, supone una nueva amenaza para las empresas que sirven a la Administración Pública.

La comisión se constituye, además, la misma semana en la que la Consejería de Hacienda ha solicitado a los distintos departamentos que remitan las previsiones presupuestarias para 2005.