Consenso para Kabul

Al someter al Congreso la decisión de reforzar la presencia militar española en Afganistán, así como el envío de una misión humanitaria a Haití, el Gobierno de Zapatero ha marcado un antes y un después en la participación de España en operaciones militares internacionales. El respaldo abrumador -con la significativa oposición de IU en el caso de Afganistán- indica que el consenso es posible en tan delicada materia. Este formato de corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo ni siquiera llegó a plantearse para el envío de tropas a Irak, pese a que el PP gozaba de mayoría absoluta en el Congreso. Ahora es necesario formalizar este tipo de consulta mediante la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que Zapatero prometió remitir al Parlamento antes de fin de año.

El incremento del contingente español en Afganistán hasta poco más de un millar de soldados y el envío de un centenar de guardias civiles a Haití son decisiones coherentes con la nueva doctrina de intervención exterior que pretende asentar Zapatero. Se trata de no rehuir los compromisos internacionales a favor de la paz, bajo amparo de la ONU y siempre con el consenso parlamentario, pese a que la toma de posición del Congreso no sea jurídicamente vinculante por ahora. Debe entenderse también que con el respaldo parlamentario en éstas u otras misiones se quiere facilitar la comprensión y el apoyo de la ciudadanía, que en muchos países ha faltado en la respuesta a la crisis iraquí.

El PP acusó al Gobierno de haber jugado con las cartas marcadas al haber tomado ya la decisión previamente y haberla comunicado a los aliados de la OTAN antes y durante la cumbre atlántica de Estambul. Aunque Rajoy respaldó la decisión, criticó que Zapatero la hubiera tomado "acomplejado y a regañadientes", para evitar similitudes con el caso de Irak o toda sospecha de seguidismo de Estados Unidos.

Pero Afganistán e Irak son dos casos bien distintos. A diferencia de Irak, la presencia en el país centroasiático de una fuerza multinacional (ISAF) fue desde un principio solicitada por el Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de acabar con el santuario de Al Qaeda tras el ataque del 11-S. España participa en ella desde el primer momento, como el resto de los países atlánticos, incluidos Francia y Alemania. Y el objetivo central es hacer posible la celebración de elecciones presidenciales y legislativas. A nadie se le esconden las dificultades de la misión. Contar con un amplio apoyo parlamentario era un requisito imprescindible.