EE UU estudia liberar a decenas de presos de Guantánamo para evitar denuncias

Estados Unidos se plantea la liberación o traslado a sus países de origen de decenas de presos de Guantánamo este verano. El objetivo es reducir el número de recursos judiciales a los que el Gobierno tendrá que hacer frente tras el fallo del Tribunal Supremo reconociendo el derecho de los detenidos a apelar ante la justicia estadounidense. A tal fin, el Pentágono iniciará la semana que viene una revisión de cada caso. Los abogados de los detenidos creen, sin embargo, que el Gobierno del presidente Bush va a utilizar la evaluación de peligrosidad de los cautivos para ganar tiempo.

De hecho, organizaciones de derechos civiles presentaron anoche, al amparo de la sentencia del Supremo, las primeras apelaciones ante tribunales federales pidiendo la liberación de nueve detenidos en la base.

La estrategia frente a la previsible lluvia de apelaciones sería la siguiente: el Gobierno trataría de convencer a los tribunales de que no tramiten los recursos de hábeas corpus hasta que ellos no determinen quiénes representan una amenaza y a quiénes van a liberar. Y el proceso tardará por lo menos un año, según ha declarado el militar encargado de la revisión, el secretario de la Marina Gordon England. La estrategia de ganar tiempo obedecería también a otra razón: poder seguir interrogando a los detenidos en las mismas condiciones que hasta ahora, es decir en un ambiente de aislamiento bajo un régimen de incentivos en función de su cooperación. Dentro de la derrota que ha supuesto el fallo del Supremo, el mayor temor del Pentágono es que los detenidos se nieguen a dar información sobre Al Qaeda al saber que su testimonio puede ser utilizado en su contra en un juicio. Y que si se callan puede que no tengan de qué acusarles.

La recomendación de a qué detenidos se liberará la realizará un panel de tres militares. Los reclusos comparecerán ante el panel a puerta cerrada y sin derecho a un abogado, pero podrán en teoría presentar información exculpatoria. El problema, señalan los defensores de derechos humanos, es cómo van a conseguir pruebas de inocencia o testigos. El propio secretario England admite que es un proceso "subjetivo", aunque asegura que va a basarse en "hechos y datos".

La mayor parte de la información, incriminatoria o no, sobre los 600 detenidos la han facilitado ellos durante los interrogatorios, porque cuando los detuvieron nadie se encargó de recopilar pruebas ni testigos. Ése va a ser el principal problema del Pentágono si se llegan a celebrar juicios en tribunales civiles de EE UU, que la carga de la prueba recaerá sobre los acusadores. De ahí que la liberación o traslado a sus países de origen sea una solución, aunque no la única.

El Gobierno debate también la posibilidad de trasladar los presos desde la base de Cuba a una cárcel militar en EE UU, o la instalación de un tribunal federal en Guantánamo.