El Gobierno permitirá que las comunidades mejoren las pensiones

El Gobierno se ha propuesto dar marcha atrás a una de las medidas que más conflicto generó entre Administración central y comunidades en la pasada legislatura: la posibilidad de que los Ejecutivos regionales mejorasen las pensiones no contributivas, las más bajas del sistema. El Ejecutivo eliminará la ley que aprobó el PP a finales de 2003, que impedía que las comunidades complementasen estas pensiones.

El Gobierno es partidario de que las comunidades autónomas puedan ofrecer un complemento a las pensiones no contributivas (es decir, las que no se conceden por la cotización del beneficiario, sino por necesidades sociales). El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, considera positivo que puedan mejorarlas "con complementos concretos", una práctica actualmente prohibida por ley, después de que el Gobierno del Partido Popular aprobara en diciembre de 2003 una norma para impedirlo.

Este texto respondía a varias iniciativas, entre ellas una de Cataluña y otra de Andalucía, que ofrecían a sus pensionistas no contributivos prestaciones más altas de las fijadas por la Administración central. La Junta de Andalucía elevó un recurso al Tribunal Constitucional que finalmente ganó.

Un año de plazo

Para evitar este tipo de conflictos, el Ejecutivo derogará esa ley, según fuentes del Ministerio de Trabajo. El grupo parlamentario de Convergència i Unió lo pedirá hoy en el pleno del Congreso, una iniciativa que el Gobierno aprovechará para iniciar el trámite. Fuentes socialistas creen que el proceso puede tardar un año en completarse.

El secretario de Estado de Seguridad Social quiso dejar claro ante la Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso que esa posibilidad de mejorar pensiones sólo afectará a las no contributivas. En el caso de las contributivas, la competencia corresponde a la Administración central. Granado es partidario de que las comunidades puedan añadir a la pensión no contributiva complementos "en especie", es decir, con medidas como pagar el abono transportes a los pensionistas.

Más allá de esta reforma legal, Octavio Granado abogó por alargar la permanencia de en el puesto de trabajo. El porcentaje de trabajadores que se jubila con menos de 65 años ha pasado del 56% al 62,4% en el último año, según datos del ministerio. Ante esta tendencia, el Gobierno pretende incentivar la permanencia en el puesto de trabajo después de los 65 años (la edad media de jubilación está fijada en 62 años). Granado considera insuficientes los resultados que ha arrojado el fomento del retraso de la jubilación. Como alternativa, el Gobierno estudia una doble vía: aumentar el porcentaje de mejora de la pensión por cada año de más cotizado (ahora es de un 2%) y aplicar estos aumentos no sólo a los afiliados con 35 años cotizados, como hasta ahora, sino también a personas con una vida laboral más corta (Granado citó como ejemplo 25 años). "Hay recorrido para aumentar ese beneficio", reflexionó el secretario de Estado.

Las "frías estadísticas", en palabras de Granado, indican que sólo el 38,9% de las personas entre 54 y 65 años realizan alguna actividad. Esta situación provoca "problemas económicos y sociales" y el Gobierno está decidido a cambiarla, de forma que se fomente el alargamiento de la vida laboral y que exista una mayor proporción entre la contribución de los afiliados y la pensión que cobran.

Respecto a los excedentes que genera la Seguridad Social, que ahora se destinan casi en su totalidad al Fondo de Reserva, Granado planteó que se destine una parte (no más del 10%) a "otras utilidades". El secretario de Estado pretende abordar estos cambios con los agentes sociales.