Industria del secuestro

En Latinoamérica florece la industria del secuestro. Colombia encabeza la lista con sus guerrillas, matarifes y delincuentes, que practican algún millar de abducciones al año. Pero abundan las alternativas. El secuestro con rescate de corta duración, como quien saca dinero del banco, prolifera en Argentina con la crisis y el amparo de una policía corrupta. Y otro tanto ocurre en México. En 2003 hubo oficialmente 532 secuestros, aunque fuentes independientes hablan de 3.000. En este último país España se ha visto implicada. En los últimos meses, tres españoles y dos con derecho a la nacionalidad figuran en el cómputo, pero con el terrible desenlace de muerte a manos de los secuestradores.

La embajadora española, Cristina Barrios, hizo partícipe al Gobierno mexicano de su preocupación, aunque ni siquiera en forma de protesta. Y, como víctima propiciatoria de la grilla -politiquería- mexicana, el escándalo se ha hecho diplomático. El ministro de Exteriores, Ernesto Derbez, pidió a su homólogo Moratinos que se siguieran los cauces reglamentarios -¿de qué reglamento habla?-, y el alcalde de la capital puso el grito en el cielo, sintiéndose afectado en sus ambiciones a la presidencia porque el Distrito Federal que él gobierna encabeza esa escalada. Con lo que todo se ha vuelto un culpar al prójimo para desviar la atención en víspera de elecciones. Entretanto, sestea en los cajones un proyecto de ley del presidente Fox que pretende unificar cuerpos de policía e instaurar las vistas orales.

Fragilidad del Estado y una mísera remuneración de la policía son endemias que la democracia no logra erradicar en parte de América Latina. Faltan leyes, educación pública, servicios y una justicia independiente. Algo de lo que también nuestro país tiene memoria reciente, pero esto no justifica que se busquen pretextos políticos para no hacer nada.