"Yo sólo quería crear 200 puestos de trabajo"

A veces, el guión del cierre de plantas en Cataluña intenta escribirse a la inversa. Y si no, véase el caso de Transil, compañía de Agramunt (Urgell) dedicada desde hace más de 20 años al almacenamiento y transporte de alimentos y material de construcción. Alejandro Silvestre, dueño de Transil, lleva tres años intentando ampliar sus instalaciones. Y estrellándose en el intento.

Todo empezó en junio de 2001. Silvestre empezó entonces a negociar con el Ayuntamiento de Agramunt, en manos de CiU, para lograr la cesión de 45.000 metros cuadrados de suelo industrial en una parcela contigua a la suya para ampliar el negocio. A cambio, se comprometía a crear 200 empleos y a invertir 10 millones de euros en tres años.

Tras objetar la inexistencia de suficiente suelo industrial, los responsables de Urbanismo de Agramunt prometieron modificar el plan para ganar el terreno necesario ampliando el polígono industrial de la zona. Era ya entonces julio de 2002 y Silvestre comenzó a negociar con diversas empresas la construcción de la nueva nave y la compra de una gran cámara frigorífica y de equipos informáticos. Desembolsó 495.000 euros.

Las elecciones municipales de 2003 provocaron un cambio en el Ayuntamiento, que pasó a ser gobernado por ERC y el PSC. El empresario se impacientó y escribió una carta al nuevo alcalde, Ramon Muixí (ERC), en la que le exigía una respuesta en 10 días. Los trámites de ejecución de las obras no se habían iniciado. El retraso ocasionaba a Transil "graves perjuicios económicos".

Compromiso y subvenciones

En su carta de respuesta, fechada el 11 de julio de 2003, Muixí se comprometió a asumir los compromisos del anterior Ayuntamiento "con la máxima puntualidad y rigor". Tranquilo, Silvestre pidió ayudas a la Generalitat. No sabía que en enero de 2004 debería renunciar a una subvención de 756.982 euros, por falta de obras.

Hoy todo está como estaba, con decenas de llamadas entre varios altos cargos de Trabajo e Industria que dicen no poder intervenir en un problema entre un Ayuntamiento y una empresa, el de Agramunt y Fecsa-Endesa. Todo inútil. Muixí, el alcalde, admite su compromiso, pero añade que no hay dinero para transformar el suelo para las nuevas instalaciones. "Hemos contactado con empresas para urbanizar la zona y hemos hablado con Fecsa-Endesa para solucionar el problema del suministro. Existe un déficit energético, que requeriría una inversión de nueve millones. Agramunt debería asociarse con cinco o seis localidades para hacer frente a ese gasto". El alcalde está convencido de que el problema se resolverá. "Nuestro futuro depende en parte de la ampliación del polígono", afirma.

Fecsa, que en 2003 realizó un informe sobre las infraestructuras que serían necesarias en Agramunt, explica que cuando un cliente pide una ampliación de potencia, los gastos corren de su cuenta. Las fórmulas de cofinanciación con la Generalitat o la propia compañía no se aplican a Agramunt: el municipio ya cuenta con potencia para abastecer a su población, y la extensión del polígono industrial es una solicitud extra que debe afrontar la empresa solicitante.

En su calvario, Transil ha debido indemnizar a las compañías con las que ya tenía acuerdos. Y de 32 empleados, se ha quedado en 18. "Yo sólo quería crear 200 empleos", dice Silvestre, quejoso porque el consejero Josep Maria Rañé no se reúna con él "y sí con grandes empresas que quieren marcharse de Cataluña". Trabajo e Industria se muestra tajante: habrá solución, vía ejecución de la ampliación, vía indemnización del Ayuntamiento a Transil por incumplimiento contractual.

Nadie quiere entrar en consideraciones sobre si, más allá del déficit energético, en este embrollo pesa también el precio que Transil acordó con el anterior Ayuntamiento por la cesión de suelo industrial (202.500 euros). "De eso se hablará en su momento", dice el actual alcalde.