La CPI se estrena con los crímenes de la República del Congo

La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha decidido cuál es el primer asunto sobre el que dictará sentencia. La Corte investigará oficialmente los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la República Democrática del Congo (RDC) desde el 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor de sus competencias.

Los informes emitidos por diversos Estados y organizaciones internacionales sobre las violaciones, torturas y desplazamientos forzosos de la población en este país africano (el tercero en tamaño del continente tras Sudán y Argelia) han inclinado al fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, a indagar lo ocurrido.

Cerca de tres millones de personas han perdido la vida, bien por acciones militares, hambre o enfermedad desde noviembre de 1996. Desde ese año, diversas facciones y subfacciones guerrilleras, apoyadas por la República Democrática del Congo, Ruanda, Uganda y Burundi, mantienen una lucha por el control de las riquezas minerales de algunas zonas del país. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió ayer a los líderes de los países vecinos que eviten acciones que perturben la precaria paz congoleña.

Con sede en la ciudad holandesa de La Haya, la Corte es el primer tribunal permanente encargado de perseguir el genocidio, así como los crímenes de guerra y contra la humanidad en cualquier parte del mundo. Según la oficina del fiscal, la decisión de abrir las diligencias "ha sido tomada con el acuerdo de las autoridades de Kinshasa y de otros Gobiernos y organizaciones internacionales".

La elección de las atrocidades cometidas en esta república como el primer caso de la CPI no ha representado sorpresa alguna. En julio de 2003, poco después de su toma de posesión, el fiscal Ocampo dijo que deseaba indagar la situación de Ituri, una provincia congoleña situada en el noreste del país, rica en oro y minerales. Sólo en esa zona, las luchas interétnicas, alimentadas desde el exterior, han provocado cerca de 50.000 muertos y la huida de varios miles más.

El relato de los hechos incluía violaciones de más de 40.000 mujeres y niñas, algunas de solo tres años de edad, según datos de la ONU. Además de las agresiones sexuales, utilizadas como "arma de guerra", han sido documentadas torturas de toda clase y casos de canibalismo ritual, pillaje y destrucción de aldeas.

Los niños soldado

El reclutamiento forzoso de niños soldados, muy frecuente en África, ha afectado a varias generaciones de congoleños: miles de menores traumatizados, sin escolarizar y lejos de sus familias. Muchos de ellos han perecido en combate o cuando eran trasladados de una zona a otra y eran obligados a cruzar ríos sin saber nadar.

En marzo de este año Joseph Kabila, presidente de la República Democrática del Congo, pidió que las pesquisas del CPI no se ciñeran sólo a Ituri, sino "al conjunto de su país", y prometió la colaboración de su Gobierno. La organización humanitaria Human Rights Watch sumó ayer a los muertos de Ituri -5.000 entre julio de 2002 y marzo de 2003- otros miles abatidos por grupos rebeldes en la provincia septentrional de Katanga.

"No habrá transición pacífica posible en Congo mientras no sean perseguidos los autores de estas atrocidades", dijo ayer Richard Dicker, responsable jurídico de la organización. Naciones Unidas, que tiene en el país un contingente pacificador de unos 10.000 hombres, cree que la situación es muy inestable y peligrosa.

A pesar de que muchos de los crímenes denunciados se remontan a la década de los años noventa -la CPI no puede juzgar hechos anteriores a su constitución, en julio de 2002-, los expertos en Derecho Internacional, están convencidos de que sus trabajos ayudarán para imponer unas leyes universales sin santuarios para los genocidas.