Los sindicatos quieren llevar a los tribunales el traslado de Caballito

"No es ni una amenaza ni un órdago, es una decisión final". El gerente de Pferd Rüggeberg (más conocida como Caballito por su logotipo), Ignacio González, aseguró ayer tajante que la construcción de una nueva planta en Polonia, el traslado a ella de la mayor parte de la producción de Vitoria y el despido de un centenar de sus 225 trabajadores son "decisiones que no tienen vuelta de hoja". El comité de empresa replicó que va a llevar todas estas medidas a los tribunales por si fuesen constitutivas de un delito de amenazas y coacciones y contra el derecho a la huelga.

La fabricante alemana de herramientas abrasivas y de corte tomó el pasado jueves la decisión de trasladar parte de su producción a Polonia y redimensionar la fábrica de Vitoria para unos 100 trabajadores menos por la huelga de casi ocho meses que mantiene la mayoría de la plantilla. Y eso a pesar de que Caballito ha invertido 36 millones de euros en una factoría nueva en Vitoria, con capacidad para duplicar la producción de 25 millones de discos abrasivos. Pferd tiene una plantilla de 1.700 personas en seis plantas repartidas por cuatro continentes. En Vitoria facturaba unos 38 millones de euros y generaba beneficios año tras año.

La medida adoptada por la multinacional de construir en Polonia una fábrica réplica a la Vitoria para absorber el trabajo de los 100 empleos que van a desaparecer en la recién inaugurada planta del polígono de Jundiz es consecuencia directa de casi ocho meses de huelga, que la dirección dice no entender.

En la reunión del día 17, uno de los dos administradores y propietarios de la firma, Thomas Ruggeberg aseguró que en abril él mismo llegó en Bilbao a un preacuerdo con el secretario general de ELA, José Elorrieta, del que luego se echó atrás la representación de este sindicato en la empresa. "Después de todos los intentos negociadores, del preacuerdo, y de todas las opciones para el diálogo que no han funcionado, está claro que no hay motivos sindicales para continuar la huelga, son sólo motivos políticos, y eso es un chantaje que la empresa no puede aceptar", declaró ayer el gerente Ignacio González. La firma asegura haber calculado ya los costes de los despidos y los plazos de amortización de esos costes.

"Un acto de mera fuerza"

El conflicto comenzó el 1 de noviembre, cuando la empresa planteó al comité, en el que tienen mayoría ELA y LAB, que sobraban 25 puestos de trabajo en la nueva factoría del polígono de Júndiz. La huelga comenzó en demanda del mantenimiento del empleo y de mejoras en el convenio. La dirección aceptó mantener los 25 puestos, pero a cambio de un convenio para tres años sin subidas salariales, a lo que el comité se negó. Desde entonces el conflicto se ha ido radicalizando, con varias detenciones de trabajadores en los actos de protesta y cuatro despidos, uno de ellos por amenazas y coacciones a la esposa de uno de los 85 empleados que no secundan la huelga.

El comité respondió ayer en un comunicado que llevará ante los tribunales las medidas adoptadas por la dirección, por si fueran constitutivas de sendos delitos de amenazas y coacciones y contra los derechos de los trabajadores. Considera que el traslado de producción supone "un acto de mera fuerza, contrario a la ley", que pretende imponer "un expediente de regulación de empleo por la vía de hecho" y discriminando a una parte de la plantilla por haber ejercido el derecho a la huelga. El comité reclamó la intervención de las instituciones ante estos propósitos, pero sólo obtuvo llamadas genéricas al diálogo por parte del Gobierno vasco y el diputado general de Álava. El Departamento de Empleo ha negociado sin éxito en tres ocasiones con la dirección y el comité.

El secretario general del Sindicato Empresarial Alavés (SEA), José Manuel Farto, acusó ayer al comité de haber llegado al límite y advirtió que un conflicto muy largo "no puede acabar bien para ninguna de las partes". En declaraciones a Radio Euskadi, Farto señaló que si fuera una empresa vasca y no una multinacional la que ha suportado ocho meses de huelga, habría tenido que cerrar. El secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado, reclamó que ambas partes se sometan a un arbitraje, opción que han rechazado hasta ahora.