El Gobierno aplaza el 'plan de choque' de la vivienda hasta pactar con las comunidades

La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, manifestó ayer que el plan de choque de la vivienda no se aprobará en junio como había anunciado, sino que se abordará en dos etapas. El próximo viernes, el Consejo de Ministros podría aprobar "un acuerdo político" y en otro próximo, sin concretar, "se producirán las modificaciones normativas". Un aplazamiento que justificó en la necesidad de un pacto con las comunidades autónomas. Dentro del goteo de medidas que la ministra ha anunciado desde su nombramiento, ayer adelantó que el plan incluye ayudas directas tanto a inquilinos como a arrendadores de pisos.

El plan de choque de la vivienda tendrá que esperar. Pese a que la ministra del ramo había anunciado que se aprobaría en junio, no podrá ser porque en el próximo Consejo de Ministros (último del mes) a lo sumo anunciará un "acuerdo político" sobre el plan, aplazándose las modificaciones normativas. Además de conseguir el beneplácito del Gobierno, la ministra considera necesario pactar antes con las comunidades autónomas distintas aspectos del plan en una "conferencia sectorial".

Así lo manifestó la ministra de la Vivienda en el Foro Perspectivas Económicas del Gobierno organizado por el diario Cinco Días en el que anunció que se establecerán ayudas para arrendador y arrendatario con el fin de promover el alquiler y facilitar las 180.000 viviendas al año previstas en este plan, tanto en propiedad como en arrendamiento.

Unas medidas que no concretó pero "que garantizarán la residencia del inquilino y la inversión del arrendador". Para el inquilino habrá ayudas directas, en tanto que para el arrendador se prevén ayudas, por ejemplo, para acondicionar los pisos y permitir así su salida al mercado. No habrá finalmente cambios en los plazos de los contratos de alquiler, actualmente en un mínimo de 5 años. "Apuesto porque el ciudadano pueda elegir entre compra o alquiler", dijo.

Dentro de este plan de choque se potenciará la vivienda de protección oficial (VPO) y habrá una revisión al alza de los módulos para hacer más atractiva la construcción de este tipo de vivienda a los promotores. La subida no será del 25%, como reclaman los promotores, ni será general porque dependerá de cada comunidad autónoma, ya que en algunas de ellas los niveles actuales ya hacen rentable la promoción de estas viviendas. En el plan de choque recogerá el inicio de la tramitación de la Ley del Suelo y Valoraciones y desistirá de los recursos del Gobierno anterior contra las leyes del Suelo de las comunidades.

Aterrizaje suave

Trujillo dio un repaso a la situación de la vivienda, confiando en un aterrizaje suave de los precios, como el producido en el periodo 1992-1998 donde su coste creció menos que la inflación. Y lanzó una crítica velada a aquellos organismos -el Banco de España en su informe anual de 2003 dijo que la vivienda continuaba sobrevalorada y que espera un "pronto y ordenado" ajuste de los precios- por crear "alarmismo" al hablar de burbuja inmobiliaria. Reiteró que la Administración eliminará el sistema de subasta para adjudicar suelo ya que "este Gobierno no quiere especular con la vivienda".

Con el horizonte de 2005, y dentro de un gran pacto de suelo y vivienda, la ministra se refirió también al nuevo Plan de Vivienda y Suelo para 2005 que "acometerá reformas normativas que clarifiquen y actualicen la realidad del suelo y la vivienda". Trujillo manifestó que el Gobierno sigue trabajando para movilizar los patrimonios de suelo público para VPO, pero indicó que hay otras fórmulas distintas a la venta para evitar "despatrimonializar a esta Administración". El plan de vivienda dará entrada a la entidad pública empresarial de suelo, Sepes, en el sector residencial (hasta ahora había operado sólo en el industrial), y recogerá un código técnico de la edificación y un Libro Blanco como paso previo a un plan estratégico de edificación sostenible.

Respecto a la fiscalidad de la vivienda, la ministra dijo que se iba a abordar una reforma que no sólo afecte al alquiler sino que tenga en cuenta todos los aspectos y "será más justa y progresista en cuanto a la compra y el alquiler". Reiteró su deseo de que exista una neutralidad fiscal entre comprar o alquilar una vivienda.