La política marítima no puede esperar

La seguridad marítima constituye la competencia más importante de la Dirección General de la Marina Mercante, hasta el punto de que las demás asientan en ella su necesidad. El episodio del Prestige y ahora del O Bahía demuestran que en esa materia nuestro país suspende con rotundidad. No contamos ni con la organización, ni con los medios capaces de garantizar una gestión de la seguridad marítima que evite catástrofes como la del Prestige o tragedias como la del O Bahía.

Pocas dudas, si alguna, caben sobre la responsabilidad de las autoridades nombradas por el anterior Gobierno en la provocación del desastre medioambiental que siguió al accidente del Prestige. Recordemos la insensata decisión de alejar el petrolero hacia no se sabe dónde, negándole el lugar de refugio preciso para desactivar la bomba ecológica que suponían las 77.000 toneladas de fuel que cargaba en sus tanques. Recordemos también la confusión creada por un remolcador de salvamento público que sólo se apresta a realizar su misión cuando el armador del Prestige ha firmado un contrato privado con una compañía holandesa.

Y pensemos en el errático peregrinaje del petrolero durante cinco días frente a las costas atlánticas de Galicia, con el casco que se resquebrajaba por momentos y dejando a su paso un creciente reguero contaminante. Y combinemos todo ello con las bochornosas declaraciones de altos cargos, ministros y del propio Aznar que proclamaban sin inmutarse que ellos habían hecho lo que debían, que de marea negra nada, simples galletitas flotantes o hilos de plastilina en desarrollo vertical, y que volverían a hacer lo mismo.

Si en el accidente del Prestige asistimos a la vergüenza de unas autoridades que se negaron sistemáticamente a constituir una comisión de investigación que, en sede parlamentaria o formada por técnicos independientes del Gobierno, aclarara cómo se había gestionado la crisis, ahora, ante el naufragio del pesquero O Bahía, el PSOE está cegando la posibilidad de investigar por qué se hundió de forma súbita un barco de pocos años y tripulado por marineros expertos. Nos estamos gastando una fortuna en la contratación de buques y personal extranjero, en teoría capaces para trabajar en el rescate de los cuerpos que se suponía atrapados en el pesquero a unos 60 metros de profundidad, cuando lo más económico y eficaz hubiera sido montar una operación para llevar el pecio del O Bahía hasta aguas someras y proceder después a reflotarlo para poder determinar la causa de su hundimiento.

España está obligada por el convenio internacional SOLAS a investigar los siniestros marítimos de cierta importancia, y al respecto existe una orden ministerial de junio de 2001 que establece la llamada Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, cuyos informes, como afirmaba la investigación sobre el Prestige llevada a cabo por la Asamblea Francesa el pasado año, se limitan a una inútil "justificación sistemática de las decisiones del Estado español". Conclusión lógica si tenemos en cuenta que dicha Comisión Nacional está presidida por el subdirector general de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima (precisamente el funcionario encargado de gestionar la seguridad), y los demás miembros de la Comisión son sus subordinados.

Cuando el PSOE estaba en la oposición, hace sólo unos meses, clamaba por la creación de una comisión de investigación parlamentaria del caso Prestige, o en su defecto una investigación llevada a cabo por técnicos independientes, que "nos debería permitir examinar los acontecimientos que produjeron el siniestro marítimo y la posterior catástrofe, estudiar las consecuencias, analizar los medios utilizados, analizar y determinar las diferentes responsabilidades presentes y proponer mejoras en la seguridad marítima y en la lucha contra la contaminación" (Introducción al Libro Blanco sobre el Prestige, página 19). Entre otras propuestas, el PSOE abogaba por una Administración marítima integral, creando un Ministerio de la Mar o una Secretaría de Estado y una Agencia de Seguridad Marítima. ¿Debemos pensar que esos propósitos se han evaporado al calor del coche oficial que presta el Gobierno?

Manuel Fraga, presidente de la Xunta, llegó a declarar en tiempos del Prestige que no debía permitirse investigación alguna "para castigar a una oposición desleal". Si bien resulta impensable que el actual Gobierno español pueda emitir una opinión tan grotesca y antidemocrática, lo cierto es que no hay indicios que nos permitan pensar en una próxima investigación de la catástrofe del Prestige, y que en el naufragio del pesquero O Bahía se está actuando para impedir esa imprescindible investigación.

Las costas españolas están expuestas, sobre todo en Galicia y en el Estrecho de Gibraltar, al riesgo que supone un tráfico marítimo intenso, de forma que es previsible que contemplemos nuevos accidentes con pérdida de vidas humanas y contaminación del medio marino. Nuestros puertos acogen cada día centenares de buques de todas las procedencias, que enarbolan exóticos pabellones de conveniencia y están tripulados por marinos contratados con sueldos miserables y condiciones de trabajo del siglo XIX. La flota de pesca, por su parte, padece una situación alarmante por lo que respecta al cumplimiento de las normas existentes sobre seguridad laboral y marítima. Por ello, la gestión de la seguridad marítima supone para España una prioridad de primer orden.

No es de recibo rasgarnos las vestiduras cuando el accidente de turno nos revela la incompetencia, la falta de preparación y la corrupción rampante que pudimos ver con el Prestige, o cuando no hallamos respuesta satisfactoria a la muerte de 10 marineros, y olvidarnos de todo ello cuando la desgracia deja de ocupar la primera página de los medios de comunicación. Esa política de avestruz, o no-política, visible en la negativa a investigar los accidentes marítimos, nos condena a sufrir nuevas desgracias que no hemos sabido prever, ni gestionar. Aunque la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, no tenga a la marina mercante entre sus prioridades, hemos de pensar que al menos estará preocupada por la seguridad marítima. Y sin duda no ignora que los cambios en este ámbito no pueden esperar.

J. Zamora Terrés es capitán de la Marina Mercante y director del CELSEM-UPC.