Vía libre para la UE de varias velocidades

La Constitución europea, aprobada por los 25 jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea la noche del pasado viernes en Bruselas, ha dejado expedito el camino para la Europa de varias velocidades con el fin de evitar que los países y Gobiernos menos europeístas, como el Reino Unido, puedan frenar los avances en el proyecto de construcción europea. Grupos de países que deseen ir más lejos y progresar más rápido tendrán la puerta abierta para hacerlo en todos los terrenos, con las únicas excepciones de las áreas en las que la UE tiene competencias exclusivas, como la política monetaria, la unión aduanera o la política comercial común.

Es esa Europa a varias velocidades la que el presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder, han augurado reiteradamente como única opción para lograr que, en una Unión Europea ya ampliada a 25 Estados y pronto a 29 o 30, no se produzca una parálisis provocada por el abuso del derecho al veto a la hora de que cada país defienda sus intereses vitales y, por tanto, resulte muy difícil adoptar decisiones. El problema se ha puesto de relieve constantemente a lo largo de todas las negociaciones de la Constitución y, sólo minutos después de ser aprobada la Carta Magna, fue evocado por Chirac y por el primer ministro británico, Tony Blair.

Francia y Alemania consideran la fórmula la única opción para evitar una parálisis

Así, Blair, que se declaró firme defensor del "Estado-nación", dijo estar satisfecho de haber frenado las ambiciones más europeístas del eje franco-alemán: "Hemos conseguido todo lo que prometimos que íbamos a conseguir: veto en fiscalidad, defensa, seguridad social, política exterior...". A la misma hora, Chirac, que se refirió a la Unión Europea como "una federación de Estados", reconoció los frenos impuestos por Londres, "pero hemos impuesto al Reino Unido", añadió, "la norma para que podamos actuar más rápido y más lejos que los que necesitan más tiempo".

Aludía de esta forma Chirac a la posibilidad abierta de crear esos grupos de países de vanguardia, denominados cooperaciones reforzadas, similares a los que la UE ya ha aplicado en el caso de la moneda única europea (Reino Unido, Suecia y Dinamarca no han adoptado el euro) o del espacio Schengen para eliminar las fronteras (Reino Unido e Irlanda no participan). El Tratado de Niza aprobado en 2000 ya abrió la mano para ampliar las posibilidades de crear más cooperaciones reforzadas, pero las sometió a rígidas reglas y las prohibió expresamente en áreas tan sensibles para la soberanía de los Estados como la política exterior, de seguridad y defensa. Las trabas han sido ahora rebajadas y esa prohibición en seguridad y defensa ha sido eliminada.

El artículo I-43 de la Constitución europea señala que podrán crearse cooperaciones reforzadas para "impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración", y que se pondrán en marcha "como último recurso, en caso de que haya quedado sentado que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no puede alcanzarlos en un plazo razonable la Unión en su conjunto". El mismo artículo fija tres condiciones: que participen al menos un tercio de los países de la UE (hoy serían nueve Estados), que la opción esté abierta a todos y que lo autorice el Consejo de Ministros de la Unión.

En los terrenos más sensibles, como es el caso de la política exterior, esa autorización deberá decidirse por unanimidad, con derecho a veto. No así en otros muchos terrenos como las políticas económicas, medio ambiente, seguridad social o cooperación judicial penal.

En este último caso, de vital importancia para España por lo que afecta a la lucha contra el terrorismo, el Reino Unido impuso que se mantuviera el derecho al veto a la hora de que la Unión Europea apruebe leyes para que haya una definición común de los delitos graves y para que se apliquen penas similares en todos los países. La fórmula para sortear esa línea roja de Londres ha sido la siguiente: si en el curso de un año no hay acuerdo sobre una de esas leyes porque algún país se opone, un grupo de países (mínimo un tercio) que decida seguir adelante podrá hacerlo sin problema alguno.

Hay otra cláusula añadida, bautizada como pasarela, para sortear las líneas rojas de Londres en estos terrenos: incluso en aquellos campos en los que la Constitución prevé el derecho al veto, los que participen en una cooperación reforzada podrán decidir unánimemente tomar las decisiones por mayoría cualificada.

En Defensa, el área más delicada, la fórmula es algo diferente y se denomina cooperación estructurada permanente. El artículo I-40, relativo a la política común de defensa, señala explícitamente que "los Estados que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito entre sí compromisos más vinculantes al respecto con miras a realizar las misiones más exigentes, establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión".

No se trata en este terreno de sortear a Londres, por la evidente razón de que una Europa de la Defensa es impensable sin la participación del Reino Unido, pero sí de avanzar más rápido que lo que algunos países están dispuestos a hacerlo. Los países que aspiren a estar en esta cooperación estructurada se verán obligados a desarrollar sus capacidades militares para participar en fuerzas multinacionales, sobre todo a requerimiento de Naciones Unidas. También tendrán que comprometerse a participar en la Agencia Europea de Armamento que se creará en breve para mejorar esas capacidades militares, cooperar en investigaciones de uso militar y participar en programas conjuntos de adquisición de armamentos.

La principal condición que deberán cumplir los países que quieran sumarse a esta cooperación estructurada consiste en que, antes de 2007, deberán contar con unidades de combate listas para desplazarse por sus propios medios de inmediato, en un plazo máximo de entre cinco días y un mes, con la capacidad autónoma de mantenerse en la zona de destino entre 30 y 120 días.

El Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha reiterado estas semanas su intención de sumarse a todas las iniciativas europeístas que puedan producirse en la Unión, incluidas las cooperaciones reforzadas y estructuradas.