El Gobierno obligará a las eléctricas a reducir sus emisiones desde 2005

El borrador del Plan Nacional de Asignación de Emisiones que negocian a marchas forzadas Medio Ambiente e Industria para cumplir con Kioto prevé un recorte de las emisiones de dióxido de carbono de las eléctricas desde 2005. Se asignan al sector en torno a 260 millones de toneladas de CO2 entre 2005 y 2007, lo que supondría un recorte cercano al 5% respecto a los 272 millones de toneladas que generaron entre 2001 y 2003.

El borrador, según la redacción que tenía ayer viernes, aún abierto a modificaciones, prevé unas emisiones del sector eléctrico (responsable del 22% del CO2 lanzado a la atmósfera) de unos 260 millones de toneladas en el periodo 2005-2007. La cifra, en el marco del enfrentamiento que mantienen Endesa e Iberdrola sobre el reparto de derechos de emisión, es salomónica.

Endesa solicitaba 290 millones de toneladas para el periodo e Iberdrola 209, aunque esta última compañía, partidaria del cumplimiento estricto del Protocolo de Kioto y de la sustitución de centrales de carbón por centrales de ciclo combinado (con gas natural), estimaba que el sector emitiría entre 2005 y 2007 un mínimo de 254 millones de toneladas de CO2. Para cubrir la diferencia, Iberdrola defiende la compra de derechos en el mercado de emisiones.

El borrador establece además que la reducción deberá comenzar el próximo año, y no a partir de 2008 como pretendían algunas empresas. Esta decisión coincide con lo adelantado por ministros y altos cargos de los departamentos implicados en la negociación, que han destacado la necesidad de cambiar la tendencia al aumento de emisiones en el periodo de prueba 2005-2007 para acometer recortes significativos a partir de 2008 y acercarse lo más posible al objetivo que la UE marca para España para el cumpliomiento del Protocolo de Kioto: que las emisiones en el periodo 2008-2012 se sitúen un 15% por encima de las de 1990 (330 millones de toneladas).

Gestión de derechos

El borrador del plan de emisiones, según fuentes conocedoras del mismo, descarta también la posibilidad de que las empresas eléctricas gestionen los derechos que les corresponda a cada una de ellas de forma conjunta (pooling obligatorio). Esta fórmula la defienden la mayor parte de las empresas de la patronal del sector, Unesa, y desagrada a Iberdrola, mejor colocada que el resto en producción hidroeléctrica, eólica y con gas natural.

Sin embargo, la gestión conjunta de derechos de emisión no se descarta, según el borrador, para el resto de los sectores industriales afectados por la directiva comunitaria sobre emisiones: siderúrgico, cementero, refinerías de petróleo, papel y vidrio-cerámica.

Estos sectores, que en algunos casos han hecho importantes esfuerzos de modernización en sus instalaciones, han hecho llegar al Gobierno, de forma insistente, su temor a las repercusiones que tendría un recorte estricto de sus emisiones. La gestión conjunta por sectores permitiría ajustar necesidades entre empresas más o menos eficientes.

El documento, que será presentado el lunes por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, prevé la creación de un Registro Nacional de Emisiones encargado de supervisar las asignaciones.

El borrador del plan de emisiones será discutido con los sectores y organizaciones implicadas en temas medioambientales en las próximas semanas. España tiene de plazo hasta el 1 de agosto para presentar a Bruselas un plan cerrado. El documento debería haber sido presentado en marzo, pero fue imposible por el desinterés del Gobierno del PP en la cuestión y el cambio de gobierno.