El Parlamento navarro aprueba la controvertida ley de Protección de Vivienda
El Parlamento navarro aprobó ayer la controvertida ley de Protección Pública de Vivienda, que anula la posibilidad de descalificar anticipadamente los pisos protegidos e introduce un baremo único y controlado por el Gobierno foral para adjudicar los pisos de protección, tanto en promociones públicas como privadas. Al final, todos los grupos, salvo Aralar,votaron a favor de la práctica totalidad de los artículos de una ley que es en buena medida un empeño del consejero del ramo, José Andrés Burguete y su partido, CDN.
La ley crea reservas obligatorias del 3% de los pisos en cada promoción de vivienda protegida para víctimas del terrorismo, violencia de género y minusválidos. Para evitar el fraude y la picaresca, y pese a las presiones ejercidas por cientos de propietarios, el Gobierno regional ha sacado adelante su decisión de anular la posibilidad de descalificar anticipadamente los pisos protegidos, cláusula que permitía su venta libre pasados 12 años desde su compra. Con la nueva ley, los pisos adquiridos con ayudas públicas no se podrán vender en el mercado libre hasta dos décadas después de su compra. Si las casas se quedan pequeñas o son inadecuadas a las nuevas necesidades de sus moradores, los propietarios tendrán una única opción: su venta al Gobierno foral, que las comprará a precios actualizados de vivienda protegida.
Respecto al control por el Ejecutivo autónomo las futuras adjudicaciones de pisos protegidos, Carlos Pérez Nievas, portavoz de CDN, señaló: "Hasta ahora los promotores y los sindicatos hacían lo que les daba la gana". La ley crea la tipología de pisos a precio pactado para permitir el acceso a una vivienda a las personas cuyos ingresos les excluían hasta ahora de los baremos de los pisos protegidos. También se promociona el alquiler y se incluyen mecanismos, incluso policiales, para verificar que los adjudicatarios de pisos los ocupan realmente en los seis meses siguientes a su entrega.
Decisión municipal
No obstante, el grueso del debate parlamentario se centró en una enmienda in voce presentada por UPN y CDN a la ley y que permitirá a los salesianos de Pamplona eludir la obligación legal de construir un 50% de pisos protegidos en un valioso solar de su propiedad, en pleno centro de la ciudad.
Los salesianos necesitan trasladar su colegio fuera de Pamplona para construir un moderno centro de formación profesional, cuyo coste calculan en más de 40 millones de euros. Tras negociar con el Gobierno, éste decidió modificar la legislación para permitir que los religiosos dediquen todo el suelo que ocupan a la construcción de pisos de lujo mediante un acuerdo con una inmobiliaria. De lo contrario, señalan, no obtendrían los fondos necesarios. De manera que UPN y CDN aprobaron ayer que sean los ayuntamientos quienes decidan si el 50% de pisos protegidos se levantan en el mismo solar o se traslada la obligación de construirlos a otros puntos de la ciudad.
Socialistas e IU volvieron a hablar de "pelotazo urbanístico" y "especulación legal", lo que el consejero Burguete negó explicando que se introducen cautelas que evitarán el enriquecimiento ilícito mediante la obligación de firmar convenios entre la Administración y los propietarios con el objetivo de que las plusvalías sean acordes con la necesidad social que justifica las excepciones que ampara la enmienda.
