La Eurocámara lleva a la justicia la cesión de datos a EE UU

La Comisión Jurídica del Parlamento Europeo votó ayer, en una reunión extraordinaria, a favor de llevar ante el Tribunal de Justicia europeo el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Estados Unidos que permite a este último país obtener y conservar hasta 34 datos de los pasajeros aéreos provenientes, en tránsito o con destino a aeropuertos de Estados Unidos. Los presidentes de los grupos Socialista, Liberal, Izquierda Unitaria y Verde ratificaron después su opinión a favor del recurso.

En contra de lo esperado, Pat Cox, presidente de la Eurocámara, que es el que debe firmar el recurso, no hizo suya la decisión y anunció que reflexionará sobre la propuesta. Cox podría interponer inmediatamente el recurso o pedir la opinión al nuevo pleno de la Eurocámara el mes que viene.

El acuerdo firmado el pasado 28 de mayo otorga a Estados Unidos el derecho a obtener de las compañías aéreas datos de los pasajeros europeos. Son 34 datos como el nombre, la agencia de viajes que utilizaron, el teléfono o dirección de facturación del billete que las autoridades aduaneras podrán conservar hasta un máximo de 11,5 años con fines antiterroristas. En caso de datos que pueden desvelar la raza o la religión, como la exigencia de una comida especial, éstos deberán ser destruidos de forma inmediata.

Organizaciones de derechos humanos y los expertos en derechos fundamentales de la Unión Europea han criticado este acuerdo sobre el que se pronunció en contra el Parlamento Europeo y sobre el cual preguntó al Tribunal de Justicia si era posible seguir adelante sin su consentimiento. Los gobiernos europeos decidieron firmarlo sin esperar la respuesta de los jueces y en pleno proceso de renovación de la Eurocámara, lo que está dificultando el proceso para denunciarlo, ya que habitualmente hace falta convocar un pleno.

Plazo de presentación

La opinión de los presidentes de los grupos, que tienen tantos votos como escaños poseen, se podría considerar suficiente en esta situación para que el presidente, Pat Cox, presentase el recurso antes de que acabe el plazo a mediados de agosto. El próximo pleno, ya con los eurodiputados recién elegidos el pasado domingo, está previsto para el 20 de julio.

La votación de ayer en la Comisión de Asuntos Jurídicos (21 votos a favor contra 10 en contra) supone un pulso importante contra las otras dos grandes instituciones de la Unión: el Consejo (donde están representados los gobiernos) y la Comisión Europea. Los funcionarios de los servicios jurídicos tendrán poco tiempo para elaborar y presentar el recurso y no se descarta que se pida la suspensión del acuerdo mientras los jueces toman una decisión definitiva.

Los eurodiputados consideran que con el acuerdo suscrito el ciudadano no obtiene suficientes garantías de confidencialidad y pide, entre otras cosas, que se definan más claramente las autoridades y agencias que podrían compartir los datos y la lista de delitos graves por los cuales EE UU tendría derecho a presentar una solicitud adicional con más datos.

Para los expertos independientes que elaboran cada año el informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE, este acuerdo vulnera las leyes europeas al entregar datos personales a terceros sin el consentimiento previo del ciudadano.