Campaña para vincular el derecho de ciudadanía a la residencia

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía en Almería y el Sindicato Obrero del Campo entregaron ayer en la Subdelegación del Gobierno almeriense 5.000 firmas para pedir que la futura Constitución europea vincule el derecho de ciudadanía a la residencia y no al origen de las personas.

El borrador actual otorga el derecho de ciudadanía a los nacionalizados en un estado miembro de la Unión. El portavoz de Pro-Derechos Humanos, Francisco Majuelos, calificó esta disposición de "discriminatoria y problemática". El dirigente de la ONG reclamó todos los derechos para quien viva y trabaje en Europa.

Majuelos defendió que otorgar la ciudadanía según la residencia propiciaría en España una salida para los cientos de miles de inmigrantes que están sin regularizar por problemas administrativos o por las "condiciones leoninas" que la propia Ley de Extranjería establece para los extranjeros.

Majuelos anunció que seguirán con la campaña. "Nosotros nos comprometimos a hacer entrega de algunas esta semana. El objetivo es recoger un millón de firmas en Europa", concluyó.

Sobre la acumulación de expedientes de extranjeros en el Ministerio de Interior (200.000 en toda España), Pro-Derechos Humanos recordó la necesidad de realizar "algún tipo de intervención".

Ley de Extranjería

Por otra parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Cardjin y otros colectivos humanitarios han reunido más de 50.000 firmas en toda España (12.000 de ellas en Andalucía) contra la Ley de Extranjería. Los firmantes consideran la normativa "inhumana, apoyada sobre un fenómeno policial y represor y que no gestiona el fenómeno migratorio sino que lo persigue como si fuera un problema y un delito".

Las ONG piden la regularización de los inmigrantes indocumentados que residan de manera permanente en territorio español y que se "reconduzca" el sentido del SIVE, el sistema de vigilancia especial del estrecho de Gibraltar que permite el control de la llegada de las pateras.

Según el presidente de Derechos Humanos, Rafael Lara, el SIVE "lo único" que ha demostrado es que aumenta el peligro de los inmigrantes en su intento por sortear la vigilancia costera porque las pateras deben cubrir trayectos más largos y peligrosos para tocar suelo español.

En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien presentó ayer ante la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos del Parlamento su informe de 2003, reiteró la contradicción que supone la existencia en Andalucía de entre 50.000 y 70.000 inmigrantes indocumentados que trabajan pero no tienen legalizada su situación y pidió su urgente regularización. También se quejó de que existen retrasos de hasta un año en la tramitación de documentos para inmigrantes.