Eurodemocracia ¿sin euroimpuestos?
Las colonias americanas libraron su guerra de independencia de la Corona británica al grito de "¡No impuestos sin representación!". Pero la democracia moderna obliga a invertir los términos: "No representación sin impuestos". Aunque no sea un Estado, vale también para ese extraño ente político que es la Unión Europea. En el gran ejercicio de democracia que han constituido las elecciones al Parlamento Europeo, los ciudadanos han elegido una representación con capacidad de gasto -su autoridad presupuestaria crecerá con la Constitución europea-, pero sin capacidad de recaudar impuestos. Lo que acaba llevando a una cierta irresponsabilidad.
Evidentemente, en una Unión Europea con un tope de gastos de 1,27% del PIB (y que se podría rebajar a un 1% próximamente) la situación a este respecto no parece grave. Sin embargo lo es. Para empezar, es difícil construir Europa sobre una base tan escasa, aunque incluso con ese poco, la política de cohesión económica y social ha tenido un efecto notable. En segundo lugar, todo ejercicio de gasto debe implicar responsabilidad. Y la Unión ganaría en autonomía si se nutriera de auténticos recursos propios, fijados por, al menos, los Gobiernos (y parlamentos nacionales) y el Parlamento Europeo. Ha habido varias propuestas en este sentido pero no han dado frutos. La mera idea de armonizar impuestos nacionales en la UE por mayoría cualificada es aún anatema para Londres.
Se suele afirmar que el Parlamento Europeo ha ganado mucho en poder legislativo, y es verdad. Colegisla y codecide con el Consejo de Ministros en lo que es más un reparto que una división de poderes como la que propugnara Montesquieu y toca ya a un 60% de los asuntos que nos afecta a cada cual, o incluso más cuando la Eurocámara incremente su poder con el Tratado Constitucional. A este respecto, un fallo democrático es que los 25 hayan preferido esperar a después de las elecciones europeas para, el próximo jueves y viernes, intentar cerrar esta Constitución, cediendo todos un poco, como es habitual en Europa. Está por ver si un grupo de dirigentes que, salvo excepciones, han salido debilitados de estos comicios podrá tomar las mejores y necesarias decisiones.
La falta de relación entre impuestos y gastos existe también en nuestro sistema autonómico (más que en el municipal), no adaptado a las transferencias reales de competencias y recursos. Esta carencia no sólo lleva a la irresponsabilidad, sino que puede ser fuente de corrupción, especialmente cuando, como ocurre en casi todos los países, la regionalización o la europeización no van acompañadas del consiguiente refuerzo de los controles de gasto a esos nuevos niveles.
En otro extremo está la falta casi total de impuestos en países petroleros que sacan sus recursos públicos de la venta de crudo. Algo tiene que ver con la corrupción y la falta de democracia en regímenes como los de Arabia Saudí, Libia o Argelia. La exigencia democrática de impuestos -en este caso capacidad de recaudación más que tipos elevados- es uno de los grandes dramas de América Latina. Allí ha avanzado la democracia, pero no el sistema fiscal, lo que impide unas políticas de redistribución y al final puede llevar a involuciones populistas y antidemocráticas.
En un sistema democrático, ya desde los tiempos de la Grecia clásica, la ciudadanía pasa por los impuestos, directos o indirectos (cuanto más indirectos, menos ciudadanos resultan). Aunque el ambiente no sea propicio a proclamarlo, en Europa también debería ser así. La revolución americana empezó contra unos impuestos. La europea podría serlo a favor de otros. La Unión Europea ha desarrollado la idea de ciudadanía europea, pero casi sólo como portadora de derechos, y no de deberes. Suprimido el servicio militar, éstos parecen ser cada vez menos, a todos los niveles.
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