La policía desmantela la mayoría de las mesas de la Consulta Social

La Consulta Social Europea, que una red de organizaciones pretendía realizar ayer en 89 puntos de Cataluña para recoger la opinión ciudadana sobre varias cuestiones sociales, se vio enturbiada por la intervención policial, que impidió su desarrollo en 56 mesas. Los impulsores de la iniciativa aseguran que no recibieron ninguna orden de prohibición de la Junta Electoral Central (JEC) y han anunciado que repetirán la consulta el próximo domingo.

"Hemos vivido la experiencia como si estuviéramos en un auténtico estado de excepción", exclamaba ayer perplejo uno de los organizadores de la consulta, Jordi Oriola. Un centenar de organizaciones sociales llevaban meses preparando una consulta que "no pretendía interferir las elecciones europeas ni influir en el voto" de los electores, sino "conocer la opinión de la ciudadanía sobre cuestiones importantes que afectan a nuestras vidas".

Así, se preguntaba, entre otras cuestiones, si la Unión Europea tiene que garantizar derechos como la vivienda, la ocupación digna, la jubilación justa y la libre circulación de personas. También se pedía la opinión de los ciudadanos sobre la guerra y los gastos militares, las energías renovables, la especulación inmobiliaria y la posibilidad de que la ciudadanía participe directamente en las decisiones políticas a través de asambleas, consultas u otro mecanismos participativos. Una cuestíón, esta última, que adquirió ayer una especial significación para los organizadores de la consulta. "Hemos visto precisamente hoy cómo las administraciones reprimen estas iniciativas de participación ciudadana y llegan incluso a prohibirlas", denunció David Llistar, miembro de la organización.

Interpretación "abusiva"

Los organizadores aseguran que no se les había "comunicado oficialmente" la prohibición de realizar la consulta, aunque conocían la resolución de la Junta Electoral Central recibida por otras organizaciones sociales del resto de España en la que "se prohibía la consulta en las inmediaciones de los colegios electorales". Los movimientos sociales acusan a la Delegación del Gobierno en Cataluña de "haber hecho una interpretación abusiva" de esta resolución de la Junta Electoral y de haber "levantado las mesas a pesar de que todas estaban situadas lejos de los colegios electorales".

En una asamblea celebrada ayer por la tarde, un centenar de miembros de la organización decidieron protestar mañana ante la Delegación del Gobierno y celebrar una nueva consulta el próximo domingo para demostrar que no se dan por vencidos pese a la "represión" de la que han sido víctimas.

Las intervenciones policiales se produjeron mayoritariamente a primera hora de la mañana, de manera que las mesas eran desmanteladas minutos después de haber sido constituidas. En 56 mesas de varias localidades catalanas, los agentes se incautaron de las urnas y el resto del material para la consulta, identificaron a los miembros de las mesas y les amenazaron con detenerles si insistían en realizar la consulta. Sólo en 33 mesas, la mayoría de ellas constituidas en Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), se pudo llevar a cabo la consulta con normalidad.

La intervención policial fue criticada por el diputado de CiU en el Congreso Carles Campuzano, quien se mostró sorprendido de que incluso las mesas alternativas colocadas "lejos de los colegios electorales" fueran desmanteladas", cuando la JEC "de hecho prohibía las que estuvieran en las proximidades" de los recintos oficiales de votación.