Una accidentada tramitación

La Ley del Sistema Universitario Vasco es la iniciativa más importante del Departamento de Educación, en manos de Eusko Alkartasuna, y uno de los proyectos estrella del Gobierno autónomo en la actual legislatura. El Parlamento de Vitoria fue escenario desde noviembre de 2003 hasta el pasado mes de febrero de un crispado y rocambolesco debate que finalmente se saldó con la aprobación de la ley gracias a la abstención de Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo de la ilegalizada Batasuna, que justificó su posición por "los acuerdos" alcanzados con las formaciones que sustentan al Ejecutivovasco. Sin embargo, PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida desmienten la existencia de ningún pacto.

La nueva ley, que integra a la universidad pública y a las privadas de Deusto y Mondragón en un mismo sistema de enseñanza superior, con independencia de su titularidad, establece los requisitos de la carrera docente. Las claves de esta norma residen en la instauración de un nuevo sistema de contratación laboral de personal docente e investigador; la creación de la Agencia de Evaluación, que controlará la calidad de la docencia y acreditará a los profesores, y el desarrollo de un plan universitario, que establecerá las necesidades de subvención de la universidad pública.

La tramitación de la Ley del Sistema Universitario en el Parlamento vasco arrancó en el mes de noviembre del año pasado, cuando el proyecto elaborado por el Departamento de Educación entró en la fase de ponencia. En ese trámite, el grupo de Batasuna consiguió que el tripartito le aprobase hasta 60 enmiendas al texto.

El dictamen elaborado por la ponencia pasó a debatirse en la comisión parlamentaria de Educación, paso previo a su aprobación por el pleno. Populares y socialistas anunciaron su intención de retirar las enmiendas que el tripartito les había aceptado, todas de índole formal, en protesta por la aprobación de las propuestas de SA. Ante la perspectiva de que la ley saliera adelante con la única aportación de Batasuna, el PNV dio marcha atrás y cuando el texto pasó al pleno llegó sin las enmiendas de ningún partido de la oposición. Así, SA, PP y PSE votaron en contra y el proyecto decayó, dado que el Gobierno vasco está en minoría en la Cámara.

Pero ese mismo día, el tripartito volvió a tramitar el proyecto como proposición de ley en la que incluyó las aportaciones que originalmente había aceptado a la oposición. Este ardid enfadó a PP y PSE, pero el tripartito logró la abstención de SA y sacó adelante la ley.