El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que resuelva el colapso de los 'sin papeles'
Los inmigrantes de Barcelona intentan convocar nuevas movilizaciones
La adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, afirmó ayer que el Defensor conoce el actual "colapso" administrativo en la tramitación de expedientes de extranjería y destacó que ha recomendado al Gobierno que destine más medios materiales y humanos a las Oficinas de Extranjería, según Servimedia. Por su parte, la directora general de Integración de Inmigrantes, Estrella Rodríguez, confirmó también ayer que el Ejecutivo está estudiando diversas iniciativas para agilizar la tramitación de estos expedientes.
Las declaraciones de Estrella Rodríguez se producían un día después de las del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en Ginebra. El ministro dijo que el Gobierno evalúa la posibilidad de conceder permisos de residencia y trabajo temporales a los extranjeros en situación irregular que presenten un contrato temporal, decisión que afectaría a miles de inmigrantes.
Cava de Llano señaló por su parte que el Defensor del Pueblo detectó hace tiempo un colapso "en las delegaciones de gobierno en materia de extranjería, que viene dado por la cantidad de personas que llegan a España". Recordó que "parte importante de los esfuerzos del Defensor están dedicados a la inmigración" e informó de que su institución pidió hace tiempo explicaciones a las delegaciones de Gobierno sobre el porqué de estos retrasos y las medidas que pensaban adoptar. "Todas las delegaciones explican lo mismo: el alto número de inmigrantes que están recibiendo, los escasos medios materiales y humanos, que necesitan más personal y que no dan a basto", aseguró.
Por otro lado, Cava de Llano admitió que le llamó la atención cómo se resolvió el reciente encierro de inmigrantes en la catedral de Barcelona, y subrayó que el uso de la fuerza no es un argumento que pueda ser utilizado para evitar conflictos, informa Efe. "Recuerdo que en épocas pasadas también se produjo una situación similar y hubo 47 días de diálogo para que no tuvieran que entrar las fuerzas de seguridad del Estado. Me llama la atención que se haya resuelto así", declaró tras asistir a la presentación de un documento sobre racismo y lucha antiterrorista.
"De todos modos no quiero criticar actuaciones que son políticas. Sí decir que tampoco los actos de fuerza -entendiendo también por ello la concentración de inmigrantes- me haya parecido edificante", agregó.
Cava de Llano indicó que la situación de irregularidad de los inmigrantes "les lleva a un limbo jurídico de que muchos no pueden ser expulsados, primero porque desconocemos su país de origen y segundo porque aún conociéndolo no hay convenios de colaboración para su devolución". Anunció que el Defensor del Pueblo está a punto de sacar a la luz un informe sobre la asistencia jurídica que ofrecen los abogados a los inmigrantes, "porque hemos detectado casos concretos que nos han llamado negativamente la atención". "No se trata", dijo, "de criticar sino de crear buenas prácticas".
Mientras tanto, los inmigrantes que el pasado sábado se encerraron en la catedral de Barcelona para pedir su regularización organizaron ayer una asamblea para realizar nuevas movilizaciones, informa Miquel Noguer. Tras la expulsión de la catedral por parte de la policía, los portavoces de los inmigrantes han moderado su discurso y ya no hablan de ultimatos al Gobierno socialista. Ayer se dieron un nuevo plazo hasta el viernes para estudiar más movilizaciones. Rechazaron acampar en la plaza de Cataluña de Barcelona tal y como habían defendido el pasado lunes.
Este cambio de actitud llegó después de que la Delegación del Gobierno aceptara reunirse con los representantes de los inmigrantes para buscar soluciones. La reunión, sin embargo, no tiene fecha concretada. "Será en breve", se limitó a decir a última hora de ayer un portavoz de la Delegación del Gobierno.
En cualquier caso, los representantes de los inmigrantes, próximos al sindicato CGT y a movimientos alternativos están muy molestos por lo que entienden como "intentos de criminalización" lanzados supuestamente por los sindicatos mayoritarios y las Administraciones. "En esta asamblea estamos representadas 70 organizaciones sociales. No pueden decir que no contamos con el apoyo de la sociedad", afirmó un portavoz de los inmigrantes.
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