El Tribunal de Cuentas censura la gestión de fundaciones de Sanidad

El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas deficiencias en la contratación en 2001 y 2002 (falta de concurrencia y publicidad) de tres fundaciones estatales constituidas por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, dirigido hasta julio de 2002 por Celia Villalobos. En su auditoría, el tribunal exige, además, la devolución de dietas indebidamente percibidas por uno de sus cargos.

El informe del Tribunal de Cuentas afecta a tres fundaciones estatales creadas por el Gobierno del PP: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y Cooperación y Salud Internacional Carlos III (CSAI). La auditoría ve, entre otras, la siguientes deficiencias:

- CNIO. "Ha adjudicado contratos de servicios mediante la utilización de procedimientos directos sin promoción de ofertas y sin que se hayan justificado suficientemente las razones para recurrir a este procedimiento, que se ha utilizado incluso para la contratación de determinados servicios en mercados con mucha competencia y en los que la concurrencia competitiva hubiera podido permitir mejorar las condiciones y los precios finales del contrato". El volumen de obras, suministros o servicios que esta fundación estatal adjudicó sin publicidad ni concurrencia se eleva a 444.000 euros, frente a los 978.000 euros que sí sometió a tales filtros.

El informe señala que en el capítulo de contratos bajo el rótulo de "otros" figuran algunos que han sido formalizados en 2002 por el director del CNIO sin que aparezca ninguna referencia a la fundación. Y también compras por un monto global de 13 millones de euros que no fueron formalizadas mediante contrato. Según la auditoría, la selección de empresas para ejecutar obras sigue realizándola una consultora privada, la misma que actúa para el CNIC, aunque se alaba que, al menos, en atención a sus anteriores críticas de otros ejercicios, es la fundación quien formaliza los contratos.

- CNIC. El informe censura gravemente aspectos relativos a dos cargos de esta fundación: el consultor ejecutivo [Salvador Moncada] y el coordinador científico [Esplugues].

Respecto del primero, el informe denuncia "las numerosas imprecisiones en la redacción, extralimitaciones en el contenido e incumplimientos del clausulado que se han producido respecto del contrato celebrado por el segundo patronato de la fundación con su consultor ejecutivo". Tales deficiencias "han permitido a su titular ejercer de hecho las funciones propias de director de la fundación, así como incumplir en diversas ocasiones su obligación contractual de asistir a las reuniones del patronato".

El informe señala que no acudió a ninguna de las reuniones de 2002. El contrato firmado en 2001 a este investigador residente en Londres como consultor ejecutivo le permitía seguir residiendo en la capital británica, al tiempo que, paradójicamente, se le otorgaban apoderamientos. Su remuneración consistía en el pago por dietas y gastos de representación por los desplazamientos a las reuniones que realizase el patronato, único foro donde podía ser consultado. Posteriormente, en 2002, se amplió tal remuneración a cualquier viaje que realizase a Madrid relacionado con sus funciones, aunque no hubiese reuniones.

A tenor de su contrato, entiende el tribunal que hay una serie de gastos que no pueden ser asumidos. Y, por ello, insta a que devuelva 13.000 euros que percibió por dietas por viajes a Madrid sin que asistiera a reuniones del patronato y previos a tal modificación contractual, y, por tanto, sin cobertura legal. El tribunal ha informado a la sección de Enjuiciamiento sobre este asunto por si pudiera dar lugar a un supuesto de responsabilidad contable. El CNIC alega que ya ha ordenado reintegrar las cantidades incorrectamente abonadas.

El Tribunal de Cuentas también censura "las deficiencias observadas en la incorporación y posterior desarrollo de sus funciones dentro de CNIC por parte del coordinador científico, contratado a través de la Universidad de Valencia y que ha venido desarrollando en la práctica las labores propias de un gerente del que no disponía la fundación, con la consiguiente extralimitación de funciones". Al margen de lo abonado a la Universidad Valenciana por prestarlo (unos 50.000 euros anuales), este cargo percibió 38.000 euros en dietas del CNIC. Esta fundación, por otro lado, contrató sin publicidad 1,8 millones de euros.

- CSAI. Contrató la asesoría jurídica a dedo, al igual que el CNIC, por la sola razón de que ya había sido contratada por el CNIO. Y otorgó contratos sin publicidad por 38.000 euros.