El Gobierno admite que 150.000 'sin papeles' trabajan irregularmente

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, admitió ayer en Alicante que la cifra de inmigrantes indocumentados que trabajan en la economía sumergida oscila en torno a los 150.000 extranjeros [en todo el territorio nacional se calculan que trabajan 800.000 sin papeles]. Del total, el 50% reside en la provincia de Alicante. Es la primera vez que un responsable del Gobierno reconoce la abultada bolsa de la economía clandestina. La cifra facilitada por Bernabé es ligeramente superior a la manejada hasta ahora por sindicatos y ONG.

Las peculiares características de la economía valenciana, basada en la temporalidad y en la demanda de mano de obra intensiva, favorecen el incesante crecimiento de la clandestinidad laboral. Una realidad socioeconómica denunciada reiteradamente por los sindicatos y organizaciones humanitarias y que, por el contrario, los dirigentes políticos se han resistido a reconocer. Ayer, el socialista Antoni Bernabé admitió sin ambages que el volumen de extranjeros empleados de forma clandestina asciende, "con las lógicas reservas", a 150.000 personas. De ellas, la mitad trabaja en la provincia de Alicante. Esta situación propicia un grave perjuicio no sólo a los trabajadores, que les empuja indefectiblemente a la precariedad laboral, sino al propio sistema público de la Seguridad Social. Jamal Chaibi, responsable de Inmigración de CC OO en la provincia de Alicante, apuntó ayer que el sistema público deja de cobrar mensualmente en Alicante 700.000 euros por este concepto.

Bernabé se reunió en Alicante con nueve organizaciones que trabajan con inmigrantes para abordar el endémico colapso que padecen las tres oficinas de Extranjería de la Comunidad, singularmente la radicada en Alicante a causa de su "elevado volumen de trabajo". Esta oficina, según datos oficiales, acumula un retraso en la tramitación de expedientes de 23.870 documentos [al principio de año el número alcanzó los 45.000]. Según datos recabados a enero de 2004, la de Valencia tenía pendientes unos 10.000 documentos; y Castellón, 7.000. La próxima semana está prevista una auditoría que radiografiará la situación de la oficina alicantina para aplicar procedimientos que agilicen la tramitación. El tiempo medio que el Gobierno precisa para resolver la situación de ilegalidad de un inmigrante en el territorio valenciano alcanza el año, en el caso de los solicitantes de permisos iniciales -de trabajo o de residencia- y entre seis y siete meses para los que aspiran a renovar la documentación. Los sindicatos han denunciado que la demora en la tramitación empuja a este colectivo a la exclusión y a la marginalidad en tanto que, como extranjeros indocumentados, se les priva del derecho a trabajar con plenas garantías.